Los puertos crearán las APIEs tras cuatro años de incumplimiento legal

Inician la privatización de las sociedades de estiba ante la amenaza de Coordinadora de parar las darsenas durante 7 días.

Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Puertos y con una huelga de siete días en enero de telón de fondo, los puertos dan el primer paso para la privatización del modelo de estiba en España, iniciando los trámites que obligan a la transformación de las sociedades estatales de estiba en agrupaciones portuarias privadas (APIEs).

Los principales puertos españoles anunciaron a finales de diciembre su intención de constituir las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico que marca la actual Ley de Puertos, aprobada en 2003, con la consiguiente privatización de las sociedades estatales de estiba, que quedarán en manos de los terminalistas y empresas estibadoras de cada puerto. Cuatro años después del mandato legal, que se vió paralizado por una vaccatio legis de 18 meses del actual Gobierno vía Decreto-Ley, las autoridades portuarias han iniciado el camino para desprenderse del 51 por ciento de las acciones de las sociedades de estiba.

Este proceso, que no estará concluido antes del próximo mes de marzo, tiene como telón de fondo una huelga de siete días anunciada por el sindicato Coordinadora entre el 14 y el 20 de enero en la totalidad de los puertos españoles ante el incumplimiento de las autoridades portuarias en la transformación de las sociedades de estiba. Las 28 autoridades portuarias que hay en España tienen a su cargo un total de 36 sociedades estatales de estiba, creadas entre los años 1986 y 1988, con una plantilla total de 6.383 trabajadores, de los que 5.751 son de Relación Laboral Especial (personal en rotación) y 632 son de Relación Laboral Común (fijos de empresa).

De las 36 sociedades estatales, sólo doce (Ceuta, Gandía, Bilbao, Pontevedra, Villagarcía, Cádiz, Santander, Coruña, Ferrol, Pasajes, Tarragona y Palma de Mallorca) cumplen con el requisito legal del 25 por ciento de fijos de empresa, mientras que el resto de sociedades no cumple este requisito que para Puertos del Estado es fundamental para proceder a la privatización de los pasivos económicos y laborales de las sociedades estatales de estiba. La transformación, en marcha Los principales puertos españoles anunciaban a finales de diciembre que las nuevas APIEs no podrán funcionar antes del próximo mes de marzo. Por un lado, el puerto de Barcelona anunciaba su constitución “por imperativo legal” y, en paralelo, solicitaba derechos políticos en la nueva sociedad.

Por su parte, el puerto de Valencia acordaba la transformación de las sociedades de estiba de Valencia y Sagunto de acuerdo a la Ley, comprometiéndose a ultimar la revisión de los estatutos que se realizará el próximo 10 de enero, encomendando a las respectivas gerencias la preceptiva auditoria que permitirá la evaluación de la situación económica de la sociedad y la liquidación de las obligaciones pendientes, así como la solicitud de reserva de denominación de la agrupación por parte del Registro Mercantil Central. Asimismo, los puertos de Algeciras, Málaga, Bilbao, Castellón, Cádiz, Alicante y Tarragona anunciaban que procederán a la transformación de las sociedades estatales de estiba, para lo cual están realizando la preceptiva auditoría de cuentas y la elaboración de los estatutos de la nueva empresa.