Los puertos devuelven con cargo al erario las tasas ilegales al desorbitado interés del 63%

La auditoría revela el pago de 80 millones de intereses por un principal de 126 millones.

Los puertos han devuelto con cargo al erario las tasas ilegales cobradas entre 1992 y 2003 a un desorbitado interés medio acumulado del 63%, según la auditoría de Puertos del Estado. Este informe revela que las 83 empresas beneficiarias por el error tarifario recibieron de un principal de 126 millones de, otros 80 millones adicionales.

Las autoridades portuarias están reembolsando, gracias al bolsillo de los ciudadanos españoles, las tasas ilegales facturadas entre los años 1992 y 2003, pero no sólo su importe principal. Los puertos han devuelto con cargo al erario público el importe de las tasas recurridas judicialmente con un desorbitado interés acumulado medio del 63 por ciento, según se revela en la auditoría de Puertos del Estado.

El informe ha revisado la aplicación de los fondos concedidos por el Gobierno para financiar el pago de sentencias judiciales firmes que anulaban las liquidaciones por tarifas practicadas por las autoridades portuarias, constatando que 83 empresas, que habían reclamado la devolución de los importes cobrados indebidamente, han recibido 207,3 millones de las autoridades portuarias (ver cuadro por beneficiarios de la página siguiente).

Las devoluciones, que corresponden a los fondos de contingencia aplicados en 2010 a través de dos transferencias de crédito por 231,7 millones, se componen de un principal de 126 millones de euros, el montante del servicio prestado en su día por los puertos a las empresas, más 80 millones de euros adicionales en concepto de intereses acumulados por los años de cadencia de la práctica mayoría de las actas de liquidaciones impugnadas. El informe de Puertos del Estado está compuesto por 1.581 sentencias judiciales con miles de liquidaciones.

El origen del problema fue la sentencia del Tribunal Constitucional de 1995 que declaró inconstitucional y nula la liquidación de la tarifa portuaria T-3 de mercancías. Esto se agravó por la decisión tomada por el Gobierno, a través de Puertos del Estado, de ordenar a las autoridades portuarias la emisión de nuevas liquidaciones de las tarifas, soportadas bajo las leyes de medidas fiscales de 1999 y 2000. En junio de 2009, esta decisión del Gobierno chocaba con otra sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucionales varios artículos de las mencionadas leyes fiscales, estableciendo que las tarifas portuarias deben considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público.

Encima el alto tribunal condenaba al pago de los intereses y del capital inicial. Es decir, se consideraba que la refacturación era contraria a ley. Por tanto, las autoridades portuarias que volvieron a liquidar tarifas debían hacer su reembolso íntegro con intereses. Sólo la Ley de Puertos 48/2003 cortó esta sangría que están pagando los ciudadanos a través del fondo de contingencia, mientras que a las empresas que recurrieron, operar en los puertos les salió no sólo gratis, sino que obtuvieron lucrativos intereses al no abonar Fomento con celeridad los pagos.

En muchos casos se tardaron hasta 15 años en retornar las cuantías desde su primera liquidación. Puertos del Estado ha señalado que verificará la aplicación de nuevos fondos aprobados en diciembre de 2011, que ascendían a 70,3 millones de euros. El importe de liquidaciones impugnadas al cierre de 2011 ascendía a 302 millones.

El objetivo del equipo portuario de Pastor es que “los usuarios últimos de los servicios facturados por los puertos reclamen a las empresas beneficiarias de los importes, ya que se han devuelto las cantidades a quien dijo la Justicia, que no son los usuarios finales de los servicios prestados”. El organismo, que preside Llorca, ha señalado a preguntas de TRANSPORTE XXI que el porcentaje de devolución afectado por las devoluciones es del 4,22 por ciento respecto a los ingresos de la T-3 correspondientes al periodo entre 1993 y 2011, que ascendió a 4.910 millones.