El organismo que preside Llorca se ve superado por la avalancha de fuertes críticas y está a la espera de que la ministra Pastor decida modular la propuesta o eliminarla.
Muchos puertos se han posicionado contra el Fondo de Accesibilidad de Fomento, que desviaría la mitad de sus beneficios para financiar conexiones terrestres de otras dársenas. Puertos del Estado se ha visto superado por la avalancha de duras críticas y se mantiene a la espera de que la ministra module o elimine el plan
Rebelión a bordo. Muchos de los puertos españoles se han posicionado en público, y también en privado, contra el Fondo de Accesibilidad planteado por Fomento. La medida de Pastor para solucionar los problemas de conectividad terrestre que sufren los puertos ha encontrado el rechazo más absoluto de las Autoridades Portuarias. Así se lo han hecho saber la mayoría de los presidentes de las dársenas, que aún siguen frotándose los ojos por el planteamiento que de viva voz realizó la propia ministra sobre el asunto el pasado 6 de junio en una reunión en Madrid, a José Llorca, presidente de Puertos del Estado.
Al cierre de esta edición, Puertos del Estado se mantenía en silencio. El organismo estaba a la espera de que la ministra decida moderar la propuesta o eliminarla, todo ello después de reunirse, entre otros, con representantes de la Generalitat de Cataluña. Fuentes de Puertos del Estado afirmaron que “el asunto sobrepasa a esta entidad. Y está en manos de la ministra Pastor”. El objetivo de Fomento no es baladí. Conocedor de la bonanza económica de que disfrutan los puertos, con casi 243 millones de beneficios en 2013, y la negativa del ministro Montoro a contraer más deuda, Pastor ha decidido servirse de la ‘caja’ de los puertos.
La creación del fondo deberá plasmarse en un Decreto Ley en julio, según la previsión de Fomento. Este texto incluirá otras modificaciones de calado, como la ampliación de los plazos de todas las concesiones hasta un máximo de 50 años, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia presentado por el Gobierno de Rajoy. Según la información suministrada por Fomento a las Autoridades portuarias, el Fondo de Accesibilidad se nutriría de las aportaciones del 50 por ciento de los beneficios del conjunto de los puertos, lo que supondría más de 100 millones anuales.
Esta cantidad se destinaría a la financiación de los accesos terrestres en las diferentes dársenas. Esta medida no debería haber sido una sorpresa para los puertos, que se encuentran en plena negociación de sus planes de empresa con Puertos del Estado, porque la ministra anunció sus planes hace un año. Pero los presidentes, que debieron considerarlo entonces un globo sonda, critican ahora además las formas. Las autoridades portuarias consultadas por TRANSPORTE XXI tildaron la maniobra de “jacobina” porque “intenta volver a centralizar competencias”. Todos los presidentes consultados coinciden: “Hay que cambiar la actual Ley de Puertos”.
Y las autoridades portuarias se mantienen a la espera de tener en sus manos un borrador. Se oponen al fondo ya que atenta contra su autonomía financiera y los compromisos de endeudamiento contraídos, pero sí se manifiestan a favor de que los puertos ayuden a resolver su conectividad, pero, he aquí la cuestión mollar, destinando sus fondos para sus propios accesos. Por ejemplo, los puertos Bahía de Algeciras, Barcelona y Las Palmas han solicitado a Fomento que reconsidere la creación del fondo porque “atenta contra la libre competencia al desviar el 50 por ciento de nuestros resultados para financiar las obras de acceso en otras radas”. La creación del fondo ha causado también la indignación en gran parte de los agentes económicos y sociales, y en los empresarios consultados por este periódico.
Las organizaciones empresariales y sindicales del puerto de Barcelona resumían esta posición en un histórico comunicado conjunto: “Es una perversidad que el dinero que aportamos las empresas vaya a parar a un fondo que financiará las obras de otros puertos, lo que a su vez beneficiará a otros concesionarios que son nuestros competidores”, afirmaban. En su opinión, el fondo “desvirtúa el espíritu de la Ley de Puertos de 1996, que otorgaba cierta autonomía a los puertos”. Por último, subrayaron que “en el caso hipotético de que se apruebe, todas las asociaciones defenderemos nuestros intereses, llegando, si fuera necesario, al Tribunal Europeo de la Competencia”.
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