Hacienda entrega al ministerio público el procedimiento abierto a dos sociedades que Contenemar usaba como tapaderas para alzar bienes y capital del grupo en liquidación.
La Agencia Tributaria ha entregado a la Fiscalía el procedimiento abierto contra dos sociedades que la familia Seguí utilizaba como tapaderas para alzar activos y capital del grupo Contenemar, que, con un pasivo de 293 millones, se encuentra en liquidación. El conclomerado de 61 empresas adeuda 40 millones a la Administración
La Agencia Tributaria ha iniciado procedimiento “de derivación de responsabilidad por levantamiento del velo” a dos sociedades de Contenemar con sede en Canarias que la familia Seguí ha utilizado de tapaderas “para transferir los activos y capital” del tupido grupo empresarial que se encuentra en liquidación, según confirmaron a TRANSPORTE XXI distintas fuentes conocedaras de la investigación.
El histórico grupo presentó concurso de acreedores en julio de 2009 con un pasivo de 293 millones de euros. Con una plantilla de 1.500 trabajadores, una flota de 13 buques y terminales en concesión en casi todos los puertos en los que operaba, llegó a tener una ventas brutas consolidadas de 337 millones. El conglomerado societario de Contenemar está compuesto por 61 mercantiles, 17 de ellas en Canarias. El grupo mantiene deudas con las Administraciones Públicas por un importe total de 40 millones (6,6 en Canarias), de los que 30 millones se encuentran en fase de embargo. La deuda es en concepto de tasas portuarias- La actuación, apodada como ‘Operación Pancho’, ha sido fruto de la colaboración entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que preside Luis Ibarrra, y la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Tributaria de Canarias.
El presidente de puerto pidió ayuda a la Delegación Especial en Canarias para cobrar cinco millones de euros que varias mercantiles de Contenemar adeudaban en concepto de ta-sas de concesión de actividad desde 2008. En concreto, Líneas Marítimas Canarias (LMC), filial de Contenemar, explotaba una terminal de contenedores de 45.000 metros cuadros. En febrero de 2012, con el objeto de cobrar su deuda, Puertos de Las Palmas sacó a concurso la venta de las dos grúas de LMC, activos que Seguí había depositado como garantía de pago de los cinco millones que debía a la dársena.Sobre el papel, ambas grúas estaban valoradas en 4,6 millones.
UNA GRÚA POR 25.000 EUROS
El propio Seguí, a través de la mercantil Alisios Shipping que constituyó el 21 de junio de 2011, se adjudicó una de las dos grúas que ya eran de su propiedad por 25.000 euros. La grúa en cuestión estaba valorada en dos millones. Luego, Alisios Shipping alquiló la grúa a LMC para que siguierá operando como estibadora, a pesar de que el puerto había retirado la autorización a esta última y abierto proceso para rescatar la concesión.
Fue a partir de este momento, ante la imposibilidad de cobrar los cinco millones que le debía Contenemar, que el puerto que preside Luis Ibarra solicitó ayuda a la AEAT. Así, en septiembre de 2012, la Agencia Tributaria “comenzó el análisis del funcionamiento del conglomerado de Contenemar en las islas, estudiando las relaciones societarias, 165 cuentas bancarias, la vinculación de las operaciones realizadas con terceros desde el 2010 y la detección del testaferro utilizado a través de las redes sociales”, añaden los medios consultados.
La decisión del instructor del expediente “de dejar operar a la última de las sociedades creadas (por los Seguí) en febrero de 2012, retrasando la concesión de las diferentes autorizaciones necesarias para el puerto de La Luz, dio sus frutos. Esta última sociedad estuvo en plenas condiciones de funcionamiento en octubre de 2012. De hecho, con tan sólo tres trabajadores, declaró una facturación de casi 35 millones en apenas tres meses”, subrayan. Con esta información sobre la mesa, la “Agencia Tributaria pudo realizar la totalidad de las 126 actuaciones de embargo en aproximadamente dos horas desde la notificación del inicio del procedimiento.
De hecho, se adoptaron medidas cautelares con la personación simultánea en 10 provincias y embargos cautelares de pagos realizados a Contenemar por parte de 126 clientes del grupo”. Fundamental “fue la participación de dos agentes tributarios, uno de la Autoridad Portuaria y otro de la Agencia Tributaria, que se hicieron pasar por simples notificadores, acudieron al domicilio fiscal de las sociedades con la comunicación de inicio del procedimiento en sobre cerrado, para así no levantar sospechas.
Normalmente, cuando se abre una investigación, además de entregar la notificación, los inspectores informan de viva voz de la apertura de un procedimiento y de la gravedad del mismo”, continúan.. El pasado sábado 6 de abril, el instructor del expediente “recibió también extraoficialmente fotos del buzón de un domicilio utilizado por el entramado societario con el que resultaba prácticamente imposible encontrar vinculación”.
Por último, la Agencia Tributaria “está colaborarando con la Fiscal de Delitos Económicos en Canarias para continuar el procedimiento en sede judicial”. El 9 de abril fueron citados “los administradores de las empresas (tapaderas) que prestaban sus servicios a las sociedades del grupo en Canarias con la finalidad de completar el expediente y valorar su remisión a la Fiscalía para su tratamiento a nivel nacional”.
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