Los sindicatos reclamarán que las empresas asuman los costes del CAP

La negociación del nuevo convenio regional se iniciará en breve tras la denuncia del vigente hasta 2010 ante la autoridad laboral.

Los sindicatos reclamarán que las empresas del sector asuman los costes relativos a la formación en el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en el marco de la negociación del nuevo convenio regional. Esta negociación se iniciará en las próximas semanas, después de que la parte social haya denunciado el convenio vigente hasta 2010

El punto clave en la negociación del nuevo convenio regional estará relacionado con la formación para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), según han confirmado a este periódico fuentes sindicales. Esta formación, específica y obligatoria para todos los conductores profesionales, conlleva unas 30 horas de dedicación cada cinco años, al margen del coste en sí del curso, y los sindicatos pretenden que sea la empresa la que asuma el coste de todo este proceso y así lo harán saber una vez que se conforme la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo regional.

Queda por ver cómo recibe el banco empresarial la propuesta, ya que de implantarse conllevaría un impacto significativo en la cuenta de resultados de las empresas del sector que cuenten con un alto número de conductores en plantilla. Los sindicatos, que ya han denunciado el convenio 2007-2010 ante la autoridad laboral, de manera que el mismo no quedará prorrogado automáticamente, preparan estos días la formación de sus respectivas plataformas de negociación.

En el curso del presente mes de enero, tanto UGT como CCOO iniciarán contactos con la patronal, la Confederación Madrileña de Transporte (Comat), para que se constituya en un plazo breve la mesa de negociación del futuro convenio. Por otro lado, también se pondrá sobre la mesa el análisis sobre qué es lo que va a suceder con las prejubilaciones en el sector.

Hasta ahora, por acuerdo entre ambas partes, el trabajador del sector se podía jubilar anticipadamente a los 60 años de edad al tratarse de una profesión de riesgo. Esta prejubilación preservaba el 85 por ciento del salario del trabajador, mientras que el restante 15 por ciento, que se debería completar acudiendo al puesto de trabajo, era asumido por las empresas, según aseguran fuentes sindicales.

Además, paralelamente la empresa contrataba a otro trabajador por medio de la fórmula del contrato relevo por el 85 por ciento durante el tiempo que le quedaba al prejubilado hasta su jubilación definitiva. Sin embargo, todo apunta a que la normativa correspondiente se va a modificar, siguiendo las pautas marcadas por la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que pretende poner coto a las prejubilaciones. Según esto, las empresas deberían asumir en caso de jubilación anticipada un contrato relevo al cien por cien e indefinido.

Sin reivindicaciones económicas para empezar a hablar

La representación sindical acudirá a lamesa de negociación del nuevo convenio colectivo regional sin haber hecho números. “En esta negociación vamos a estar abiertos a escuchar lo que se proponga en el apartado económico, no partimos con unas reivindicaciones concretas de salida”, confirman fuentes sindicales. Por supuesto, en estosmomentos se da por descartado que se pueda aplicar una subida salarial similar, por ejemplo, a la contemplada para el último ejercicio del convenio recién caducado.

Es decir, es improbable que se vuelva a firmar un incremento salarial del IPC+1,5% como en 2010. De hecho y a la espera de que se conozca el IPC definitivo, de confirmarse el IPC adelantado (2,9%), las empresas del sector de la región deberán asumir una subida salarial en 2010 del 4,4 por ciento. Algo que parece bastante alejado de la actual coyuntura económica.

Ahora queda por ver la oferta que pondrá sobre lamesa la patronal Comat, que todo apunta a que se mostrará contraria a firmar ningún tipo de incremento salarial basado en el IPC como índice de referencia, como ha venido sucediendo hasta ahora. Otra posibilidad que se baraja es que dada la incertidumbre actual se firme un convenio de tránsito, no por el habitual período de cuatro años, sino por uno o dos como máximo.