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Los transportistas madrileños pedirán ayudas para paliar el aumento de robos a camiones

Fenadismer solicitará a Delegación del Gobierno que promueva subvenciones similares a las ya implantadas en el sector del taxi para la instalación de sistemas de seguridad.

Los transportistas madrileños demandan la implantación de una línea de ayudas que permita reducir los robos a camiones en la región, que se ha multiplicado en los últimos meses. Fenadismer pedirá a Delegación del Gobierno que promueva subvenciones similares a las existentes en el sector del taxi para instalar sistemas de seguridad

El sector del transporte madrileño está especialmente preocupado por el incremento en el número de robos a vehículos de transporte de mercancías en la región en los últimos meses. La situación ha llegado incluso a generar alarma social tras el reciente fallecimiento de dos transportistas del sector de la distribución de mercancías como consecuencia de dos actos delictivos de los que fueron objeto, en los que además de sustraerles sus respectivos vehículos se produjeron agresiones físicas que acabaron con sus vidas.

Fenadismer Madrid ha decidido, por este motivo, dirigirse a la Delegación del Gobierno en Madrid, que es el organismo que tiene asignadas las competencias en materia de seguridad en la región para solicitar medidas que ayuden a paliar esta situación. Tras la suspensión de una primera cita prevista para hace unos días entre representantes de Fenadismer y la Delegación que dirige Amparo Valcarce, al cierre de esta edición estaba previsto concretar una nueva fecha en la que la asociación de transportistas pondrá de manifiesto la necesidad de que se adopten medidas como el incremento de la vigilancia en las principales vías de entrada y salida a Madrid, áreas de descanso y áreas logísticas e industriales.

Además, como propuesta novedosa, Fenadismer pretende que desde la Delegación del Gobierno se adopte el compromiso de promover una línea de ayudas al sector del transporte para la instalación de sistemas de seguridad, localización y seguimiento en los vehículos. Entre los mismos se situaría la implantación del denominado ‘botón del pánico’, un sistema que al ser activado por el conductor genera una señal instantánea a los servicios de emergencia del 112.

Fenadismer maneja un estudio según el cual equiparse con todas estas medidas le costaría al transportista entre los 800 y los 1.000 euros por vehículo, una parte de la cual sería asumida por el transportista y otra por la Administración. Para hacerse una idea y siguiendo el mencionado ejemplo del sector del taxi en Madrid, la Administración pública cubre el 70 por ciento del coste de los dispositivos, mientras que el taxista asume el restante 30 por ciento.

Por otra parte, el incremento de la criminalidad contra el sector del transporte madrileño no se detiene en el robo de vehículos y mercancías, sino que crecen los actos delictivos demenor cuantía, principalmente robo de baterías, gasóleo, etc.

El plan regional de aparcamientos púbicos, más lejos

Las restricciones presupuestarias como consecuencia de la crisis económica que asola al país hace todavía más lejana e improbable la posibilidad de que la Comunidad deMadrid decida afrontar a corto o medio plazo la puesta en marcha del anunciado plan regional de aparcamientos públicos vigilados para vehículos pesados.

La ejecución de este plan supondría un auténtico balón de oxígeno para el transporte regional en materia de seguridad, uno de los problemas que más preocupación levanta actualmente en el sector. Como ya adelantó en sumomento este periódico, la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid encargó hace más de un lustro un estudio en el que se constataba la necesidad de establecer una red de aparcamientos públicos para camiones en la región.

Del estudio, que llegaba a localizar incluso la necesidad de una decena de instalaciones de este tipo en la región, poco más se ha sabido. Además, ante las reiteradas peticiones en este aspecto por parte del Comité Madrileño del Transporte por Carretera, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido la de trasladar la responsabilidad a los distintos ayuntamientos.

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