Denuncian que la situación puede traducirse en la paralización de muchas autorizaciones.
Los transportistas extremeños están siendo víctimas de una “presión sancionadora insoportable” en los últimos meses, según han denunciado a este periódico fuentes del sector. Esta inflación de sanciones ha dado lugar a que algunas empresas de transporte de la región acumulen multas por un valor cercano a los 100.000 euros.
Ante esta situación, las patronales regionales han planteado las quejas oportunas al Gobierno regional en la persona de Julián Vega, jefe de Servicio de Transportes, organismo dependiente de la Dirección General de Infraestructuras y Transportes de la Consejería de Fomento de Extremadura. Sin embargo, los transportistas temen que su reclamación quede en vía muerta, al entender que debería ser la propia directora general de Infraestructuras y Transportes, Marta García, la que atendiese personalmente sus demandas.
Siempre según las fuentes consultadas, la interlocución con la nueva directora general tiene visos de ser complicada, ya que esta responsable es ingeniero de Caminos especializada en Hidrología y no tiene mucha relación con el sector del transporte. Como consecuencia de la situación generada, desde el sector se teme que se produzca una paralización en cascada de las autorizaciones de las empresas de transporte al tener éstas muchas sanciones acumuladas en la vía ejecutiva.
Desde el sector se señala que las sanciones que se están imponiendo en los últimos meses son de todo tipo, “desde el exceso en los tiempos de conducción, la falta de descansos, exceso de peso, Certificado de Aptitud Profesional (CAP), etc”. Por otra parte, el Gobierno regional presentará en los próximos meses un nuevo Decreto que regulará la formación a nivel regional a través de la Consejería de Fomento. La cuantía prevista para las ayudas a la formación al sector este año será similar a la de 2011 (420.000 euros).
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