La Justicia ha dado la razón a los operadores privados de transporte combinado, que interpusieron una demanda por ‘abuso de posición dominante’ contra la pública Renfe Mercancías. El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid acaba de emitir una sentencia que avala los argumentos esgrimidos por la Unión de Operadores de Transporte Combinado (UOTC), integrada en la patronal de transporte por carretera Astic.
La denuncia por competencia desleal se sustentaba en el hecho de que la pública había cancelado de manera unilateral los contratos que tenía con los privados e incrementado los precios del servicio multicliente entre un 25 y un 30 por ciento.
El reciente fallo judicial pone a los pies de los caballos a la Comisión Nacional de la Competencia, organismo que preside Luis Berenguer, que en su resolución del 29 de julio de 2008 rechazaba la demanda de UOTC -la misma que ahora la Justicia ha fallado a favor-, dando cuartelillo al monopolio de la pública tres años y medio después de la liberalización sectorial.
Así las cosas, todo parece indicar que la Audiencia Nacional, donde los privados recurrieron la resolución de Competencia, podría seguir el mismo camino. Sobre todo teniendo en cuenta que el organismo presidido por Luis Berenguer reconoció a finales del pasado año que la pública cuenta con una “posición de privilegio” que puede derivar en estrategias de negocio que “limiten el acceso de nuevos operadores” al sector del transporte por ferrocarril. Vamos que “donde dije digo, digo Diego”…
Mientras, el tráfico ferroviario continúa desangrándose, con una ridícula cuota que apenas supera el 3 por ciento en España, mientras en Europa el tren distribuye el 11 por ciento de las mercancías. Una cosa es cierta. La liberalización del ferrocarril, que arrancó en 2005 en España, ha sido un fracaso y es necesario un cambio de rumbo. Si es que de verdad importa los trenes de carga, abocados actualmente al ostracismo.
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