El Gobierno regional mantiene paralizado el proceso de venta de las acciones de la sociedad pública Centro de Transportes de Coslada, pese a que la medida está contemplada en una ley regional que se promulgó hace ahora seis años.
La Comunidad de Madrid está obligada a dar cumplimiento a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público que señala que “el consejero de Economía y Hacienda realizará las actuaciones necesarias a fin de proponer al Gobierno la autorización de la enajenación de las acciones” en media docena de sociedades públicas regionales, entre las que se encuentra el Centro de Transportes de Coslada S.A.
La venta de las acciones de la sociedad estaba previsto que se ejecutara finalmente en 2016, tal y como se establece en el último informe de auditoría independiente de las cuentas anuales de 2015, que tiene fecha de abril del pasado año. Sin embargo no ha sido así.
El primer intento de privatización del centro data de 2009, dos años antes de la promulgación de la citada ley. Los activos de la sociedad se valoraron en 19,95 millones y el concurso quedó desierto.
El segundo intento no llegó hasta principios de 2015 cuando se llevó a cabo una nueva valoración de los activos más acorde al momento actual del mercado inmobiliario, situándose la misma en 13 millones de euros. Si embargo, el proceso se encalló una vez que el ayuntamiento de Coslada decidió no sumar su participación al proceso de privatización. La sociedad está participada por la Comunidad de Madrid, que cuenta con el 51 por ciento del capital (1.137.692 acciones), la Cámara de Madrid con el 39 por ciento (870.000 acciones) y el ayuntamiento de Coslada con el 10 por ciento (223.077 acciones).
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