El Gobierno regional prepara su primera Ley de Movilidad, que tiene previsto contemplar un modelo propio que tratará de adecuarse a las necesidades de empresas y autónomos.
La Comunidad de Madrid prepara su primera Ley de Movilidad, que tiene como objetivo unificar criterios para las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los distintos ayuntamientos de la región. Esta medida ha sido reclamada con insistencia por el sector de la logística y el transporte, afectado directamente por la diferencia de criterios para la movilidad y la carga y descarga de mercancías en los diferentes municipios de la región.
Cabe recordar que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están obligados a regular la implantación de las ZBE. Además de Madrid capital, en la región también superan ese nivel de población hasta 22 municipios más (Alcobendas, Alcorcón, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Aranjuez, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, Coslada, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Parla, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Valdemoro).
El Gobierno regional pretende someter esta regulación a un proceso de consulta pública, que “permitirá recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas de este sector”. El Ejecutivo madrileño ha anunciado que, en relación con la implantación de las ZBE por los distintos ayuntamientos, se planteará un modelo propio que contribuya a la competitividad de la región, que considere la clasificación de los vehículos teniendo en cuenta su ratio de emisiones por pasajero y se adecue a las necesidades de empresas y autónomos.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras recibirá todas las sugerencias realizadas en un plazo de 20 días desde su publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Además, durante la fase de redacción también se llevarán a cabo distintas mesas sectoriales de trabajo.
En el caso del ayuntamiento de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró hace unos meses como nula su Ordenanza de Movilidad sobre las ZBE. Tal y como denunciaba el sector, la sentencia pone el foco en el fuerte impacto económico para las empresas de transporte. En este sentido, la Junta de Gobierno del ayuntamiento autorizó hace unas fechas la presentación de un recurso, “cuya tramitación y resultado procesal influirá en el proyecto normativo de ordenanza de modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible en materia de ZBE en los términos que resuelva el Tribunal Supremo”.
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