La modificación de la Ley de Puertos, concretamente, la puesta en marcha del nuevo marco económico, ha disparado las dudas sobre la aplicación de muchos de sus artículos, según confirman las propias autoridades portuarias y han comenzado a denunciar sus clientes, amortajados por una falta de seguridad jurídica que coloca un poco más de niebla e incertidumbre en plena crisis económica.
Más de un dirigente de Puertos del Estado está, de un tiempo a esta parte, embarcado en un road show permanente para tratar de explicar la enorme complejidad de la modificación de la Ley de Puertos y para tratar de vender la liberalización de pantalón corto en la que se quedó el sector de la estiba.
¿Para ésto era necesario otra Ley? Esta es otra loapa portuaria, con más café para todos, con la que vamos a cargar a las espaldas unos años más hasta que un Gobierno moderno lidere una reforma valiente de la legislación hasta extremos hoy sin vislumbrar. ¿Por qué no privatizar? ¿Hay que seguir manteniendo 28 empresas públicas, algunas de las cuales no se mantienen financieramente sin el fondo de compensación?
Hoy parece que el fondo sirvió para sanear las cuentas de ciertas autoridades portuarias y ponerlas, gracias a la financiación obtenida, en condición de competir con precios bajos. La Ley debería haber priorizado a los puertos útiles a la economía, reforzando su gestión y facilitando su desarrollo sin nuevas tutelas.
Resulta evidente que no todos sirven en igual medida al comercio exterior, por lo que tener las cuentas saneadas no debería ser el único criterio válido para tener tarifas bajas y lograr la ‘exigente’ rentabilidad del 2,5 por ciento.
© 2024, todos los derechos reservados.