Aprobar por decreto una reducción de la jornada laboral, supone un nuevo golpe al diálogo social y a la negociación colectiva
El acuerdo de legislatura presentado por la coalición PSOE-Sumar ha traído consigo una batería de 230 medidas en las que no deja de sorprender el incremento de la carga impositiva sobre las empresas, que vuelven a ser fuertemente castigadas en materia fiscal y laboral. Entre otras cuestiones, el nuevo pacto contempla una reducción de la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial y de forma progresiva a 38,5 horas para 2024 y a 37,5 horas para 2025, una propuesta del todo errática atendiendo al estado de nuestra economía, en la que la productividad sigue sin mostrar signos de crecimiento.
La implantación de esta medida se traduciría en un mayor incremento de los costes, en un momento tremendamente inoportuno de desaceleración económica, y con nuestras empresas fuertemente condicionadas por la inflación, las elevadas cotizaciones sociales, los mayores costes de financiación, y las inversiones que están realizando para integrar en sus planes de desarrollo estrategias de digitalización y sostenibilidad. En un contexto como este, el objetivo del Gobierno debería ser el de mejorar nuestra debilitada productividad, ya que, tal y como revelan distintos análisis económicos, el PIB nominal por hora trabajada en España en 2022 era un 76 por ciento del valor registrado en la zona euro, una brecha que apenas se ha reducido en los últimos 20 años (recordemos que en el 2000 esa cifra era del 74 por ciento).
Aprobar por decreto una reducción de la jornada laboral, sin estudiar de manera independiente cada sector y cada caso, supone un nuevo golpe al diálogo social y a la propia negociación colectiva de los diferentes sectores y territorios, aumentaría aún más nuestra elevada tasa de paro y supondría un nuevo escollo a la hora de incrementar los salarios, en un país que cuenta con la mayor tasa de paro de Europa.
Francisco Aranda
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