Más de 8.600 empresas dejaron el transporte por carretera en 2010 y la flota cayó un 11%

El sector perdió más de 40.000 autorizaciones de vehículos de servicio público durante el pasado año, de las que cerca de 29.000 fueron de pesados y unas 11.000 de ligeros.

La crisis ha pasado una gruesa factura al transporte por carretera. En 2010, año de visado de tarjetas, más de 8.600 empresas dejaron su actividad y la flota cayó un 11 por ciento. En total, el sector perdió más de 40.000 autorizaciones de vehículos de servicio público, de las que cerca de 29.000 fueron de pesados y unas 11.000 de ligeros

El proceso de saneamiento y reordenación del sector del transporte español de mercancías por carretera está siendo “más lento” que en crisis anteriores, porque “venía de un período previo mayor de bonanza económica”. Es la opinión generalizada de los principales actores de esta industria, con una facturación anual superior a los 30.000 millones de euros. Aún así, los últimos datos adelantados a este periódico por el Ministerio de Fomento, que dirige José Blanco, son incontestables.

En 2010, año en el que tocaba renovar las tarjetas de transporte, un buen termómetro para medir la salud del sector, ya que es necesario cumplir una serie de requisitos, como estar al corriente de los pagos en la Seguridad Social, dejaron su actividad un total de 8.686 empresas y se perdieron más de 40.000 autorizaciones, lo que supuso una reducción de la flota próxima al 11 por ciento (ver gráficos adjuntos).

Así las cosas, según los registros que maneja Fomento, actualmente operan en el mercado 105.330 empresas con 331.287 autorizaciones de transporte de servicio público, de las que 240.605 son de vehículos pesados y 90.682 de ligeros (no se incluyen las autorizaciones MDSL, superligeros). Una estadística que refleja la delicada situación por la que atraviesan las empresas de transporte como consecuencia de la actual coyuntura económica, agravada por la imparable escalada del precio del gasóleo, que se acerca peligrosamente a los máximos históricos del año 2008, preámbulo del último paro nacional. Un escenario adverso que ha hecho sonar todas las alarmas en el sector, que amenaza ya con la convocatoria de “movilizaciones contundentes”.

El Observatorio de Fomento refleja que la crisis se cebó sobre todo en el sector ligero, que representa el 44 por ciento del mercado en cuanto a número de empresas. En concreto, el pasado año se quedaron en el camino más de 5.300 compañías, hasta situarse en 46.288 a 1 de enero de 2011, lo que supuso una caída superior al 10 por ciento. En cuanto al número de tarjetas de transporte ligero, que sólo suponen el 27 por ciento del total, éstas pasaron de 101.886 a 90.682 a lo largo del año 2010.

Es decir, 11.204 autorizaciones menos, con un descenso de la flota de vehículos del 11 por ciento, que se situó en niveles similares a los registrados hace una década. El transporte pesado, con un peso del 56 por ciento en cuanto al número de empresas, que acaparan el 73 por ciento de las tarjetas del sector, también ha sido golpeado duramente por la crisis, que provocó un desplome de los tráficos y de las ventas.

Según datos de Fomento, el pasado año desaparecieron un total de 4.163 empresas de transporte pesado, hasta situarse en 68.586, lo que supuso una caída del 5,7 por ciento, con una merma de cerca de 29.000 autorizaciones. Es decir, la flota se redujo un 11 por ciento, regresando a los niveles de los años 2006 y 2007. Por zonas geográficas, las Comunidades Autónomas más afectadas por la crisis fueron Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana, que acaparan más del 56 por ciento de la flota.

Estas cinco comunidades perdieron más de 27.600 autorizaciones y las caídas registradas en estos emplazamientos se situaron en una horquilla que osciló entre el 11,1 por ciento de Andalucía y el 14 por ciento de la Comunidad Valenciana. Entre las principales causas que explican este descenso del número de autorizaciones y empresas se encuentra el exceso de capacidad, tras sumarse nuevos actores en este negocio en los años precedentes al estallido de la crisis al albur del crecimiento económico, lo que dio lugar a una cruenta guerra de precios en el sector para captar tráficos y no parar la flota.

Una huida hacia delante que puso patas arriba las cuentas de explotación de la mayoría de las empresas, que, en muchos casos, se vieron abocadas a echar la persiana ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. Como ya adelantó este periódico, hay que recordar que en el año 2007, anterior a la crisis, se sumaron a este negocio más de 2.700 empresas y el número de autorizaciones aumentó en más de 26.000, lo que supuso un crecimiento de la flota de transporte del 10 por ciento, prácticamente igual que la caída registrada el pasado año.

De hecho, si se compara la evolución del número de empresas y autorizaciones a lo largo de 2010 con el año 2008, que también tocó visar las tarjetas, las diferencias son evidentes. En dicho año, dejaron su actividad 5.767 empresas, pero la flota sólo se redujo un 1 por ciento.

Con todo, las cuentas son claras y reflejan la factura de la crisis en el sector. En los últimos tres años, dejaron su actividad un total de 16.734 empresas, con una merma de más de 50.000 autorizaciones. Es decir, una caída del 13,7 por ciento en el número de empresas y una reducción de la flota superior al 13 por ciento.

El sector eleva el tono de sus críticas y pone a los cargadores en el punto de mira

El Comité Nacional del Transporte por Carretera, máximo órgano de interlocución del sector ante el Ejecutivo, ha elevado el tono de sus quejas por el actual ritmo de “deterioro” del tejido empresarial, que “pone en peligro la supervivencia del transporte”, y exige una reunión “urgente” con el ministro de Fomento y los cargadores, a los que han puesto en el disparadero.

A través de un duro comunicado, los transportistas subrayan que las empresas cargadoras deben asumir que “las dificultades económicas no se resuelven aprovechando las deficiencias de capacidad negociadora de sus proveedores para imponer condiciones contractuales abusivas que estrangulen el correcto desarrollo empresarial de las mismas, condenándolas a la desaparición”.

En la misma línea, el Comité Nacional recordó que “el progresivo aumento de obligaciones fiscales y administrativas, muchas inherentes a la función del cargador, suponen un pesado fardo sobre las espaldas de un sector sobrecargado de responsabilidad”. Igualmente, los transportistas lamentaron que las reformas normativas encaminadas a propiciar el equilibrio contractual con los clientes hayan “caído en desuso” debido al “escaso poder de negociación de estas empresas frente a unos clientes cargadores que aplican mecánicamente el principio de lo tomas o lo dejas”.

Por último, el Comité Nacional también mostró su preocupación por la subida del precio del gasóleo y señaló que “no es admisible que, en España, el precio del combustible antes de impuestos se encuentre entre los más caros de Europa”.