El sector del transporte y la logística ha hablado por boca de sus patronales y sus empresas. El plan del Gobierno de Zapatero para hacer frente a la crisis es “insuficiente” y “miope”. Los cuantiosos recursos públicos inyectados a los bancos no llegan a las empresas, que afrontan un negro escenario de morosidad e impagados de sus clientes.
Las tesorerías de los negocios se están empezando a resentir y los bancos responden con una prudencia que habían olvidado, cancelando las líneas de crédito existentes o renovando muy pocas con unos diferenciales disuasorios y exigiendo garantías patrimoniales de los accionistas de las empresas.
A más a más, los créditos del ICO para circulante tampoco llegan a las pymes porque los bancos no están por la labor ya que el tipo aplicado en estos préstamos no es lo suficientemente atractivo para el riesgo que las entidades dicen asumir y las garantías que tienen que buscar.
La prudencia de la banca es lógica en estos tiempos de crisis. Lo que no se comprende es que aplique el mismo celo para todas las empresas, con independencia de que sean solventes o no, porque sólo está perjudicando a las primeras, coartando su viabilidad futura.
Así de crítica es la situación, sin olvidarnos de los 25.000 empleos que se han destruido en el negocio en los últimos seis meses y de los 120.000 autónomos de la carretera que tienen parados los camiones. Y las patronales sectoriales demandan soluciones ya.
Las organizaciones del transporte y la logística se suman a las reformas del mercado laboral y en materia fiscal planteadas por la CEOE. Además, exigen que las líneas para el circulante del ICO se amplíen a todas las empresas, que no sean sólo para las pymes (que están por debajo de los 50 millones de facturación), y que el Estado actúe como avalista de estas operaciones frente a los bancos. Medidas que el Gobierno debería aprestarse a adoptar para taponar la sangría, aunque mucho nos tenemos que la crisis no parece ir con este ejecutivo.
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