Astic aplaude la medida que acabará con las ventajas fiscales de los transportistas autónomos, que “distorsionan” el mercado.
La reforma fiscal de Montoro ha vuelto a poner sobre la mesa la eliminación del sistema de tributación por módulos para el sector del transporte por carretera a partir de 2016. La patronal Astic aplaude la medida del Ejecutivo de Rajoy, que pondrá fin a las ventajas fiscales de los autonómos, que “alteran el mercado y la competencia”.
Después de varios meses de incertidumbre, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó el pasado 23 de junio los primeros detalles de la reforma fiscal del Ejecutivo de Rajoy, que sigue generando numerosos interrogantes. Entre las novedades, un secreto a voces: la supresión a partir del año 2016 del régimen de tributación por módulos para los transportistas autónomos, más ventajoso fiscalmente que la estimación directa.
Y es que el Gobierno reduce de 300.000 a 150.000 euros el umbral para poder acogerse a la estimación objetiva y excluye las actividades que facturen más de 75.000 euros a las empresas, lo que “en la práctica supone echar al sector de dicho régimen”, según aseguró a TRANSPORTE XXI el presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa. La reforma tributaria tendrá una gran repercusión en el mercado, ya que afectará a la casi totalidad de los 40.500 autónomos de transporte pesado que tienen entre uno y cinco camiones. Es decir, al 40 por ciento del sector (ver cuadros adjuntos).
Una cifra que la organización Fenadismer eleva a los cerca de 70.000 transportistas que actualmente tributan por dicho método, incluyendo a los titulares de las autorizaciones de vehículos ligeros. Las principales organizaciones empresariales de transporte por carretera, que ya mostraron a través del Comité Nacional su posición a favor de la supresión de los módulos porque “alteran el mercado y la competencia”, aplauden la medida incluida en la reforma fiscal. Es el caso de la patronal Astic, que siempre ha defendido sin ambages la eliminación de este régimen por “constituir un mecanismo de subvención encubierta, impedir el correcto funcionamiento del mercado de transporte y propiciar fraude fiscal”.
No obstante, la asociación que preside Marcos Basante hizo hincapié en la necesidad de aprobar un período transitorio para que los autónomos acogidos al sistema de módulos puedan adaptarse al nuevo régimen tributario. El propio director general de Transporte Terrestre de Fomento, Joaquín del Moral, reconoció en un reciente foro de Aecoc que “los autónomos han sido más competitivos por estas ventajas fiscales” e incidió en que la eliminación de las mismas “quizá ayude a que tengamos un sector menos atomizado”.
La medida, que abre una singular vía para la reconversión del sector al equiparar la fiscalidad entre autónomos y empresas, llevaba ya tiempo encima de la mesa de La Moncloa, por lo que no ha causado ninguna sorpresa. Incluso se llegó a incluir en el plan de lucha contra el fraude fiscal de hace dos años, aunque finalmente Montoro rectificó su propuesta inicial ante el temor a un paro en pleno rescate y elevó de 50.000 a 300.000 euros el límite de exclusión de los módulos, que estaba fijado entonces en 450.000 euros. Ahora, el escenario económico ha cambiado y “parece que ya no hay vuelta atrás”, lamentó Villaescusa, muy crítico con la eliminación de la estimación objetiva.
“Si el módulo ha tenido algún beneficio, no ha ido al transportista, por lo que habrá que hacer un reajuste de números, porque es imposible un cambio fiscal que suponga que el autónomo tenga que apretarse más el cinturón”, advirtió el máximo responsable de Fenadismer. De hecho, el sector estima que este cambio fiscal provocará un aumento del coste de los servicios de transporte entre un 8 y un 12 por ciento.