La decisión de Bruselas, a pesar de lo que piense Almunia, ha sido la puntilla a una situación de inseguridad larga y difícil que costó más contratos y más empleo que una reconversión. La tardía intervención del Gobierno y sus instituciones satélites, tampoco fue una gran ayuda. En estos momentos no hay una vía abierta; hay dos: la del recurso y la de las denuncias interpuestas.
La primera tiene una su base jurídica en algunos errores de importancia que comete la CE. La segunda, es más efectiva. Y lo es porque, al menos, a partir de ella (sino antes como en el caso de España) no debe existir seguridad jurídica para aquéllos que utilicen los esquemas denunciados.
Sería complicado dar una opinión legal en aquellos países sometidos a la denuncia y los inversores suelen ser muy cautos, más con el ejemplo español delante. Si las denuncias consiguen el mismo efecto paralizador que consiguieron en nuestro país, el éxito está asegurado. La retroactividad de una decisión puede ser suficiente para que muchos consideren si vale la pena contratar en un país o en otro.
Además en el caso de Holanda una posible decisión adversa tendría mucho más calado. No soy quien para dar consejos, pero creo que las distintas denuncias han de tener un antes y un después tras la decisión de la CE y deben de ser revisadas y adaptadas a la luz (o sombras) que proyecta la Comisión. Es una buena guía ver las causas y los argumentos que ha usado para llegar a la conclusión. La fecha de retroacción y sus bases no tienen desperdicio.
Y el momento en que se debe “tomar nota” del riesgo existente. Un buen detalle sería también ver al Gobierno (ya no hay patronal) en alguna de sus formas, sumarse a las denuncias efectuadas al tiempo que presenta el recurso. Es indudable que argumentos existen y las denuncias quedarían reforzadas. Ya no cabría, así, ninguna duda de que ha estado y está al lado del sector naval.
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