La patronal Anave señala que los tráficos desde la Península y los interinsulares subirán hasta un 400%, mientras que cargadores canarios auguran ‘consecuencias dramáticas’.
Navieros y cargadores observan un enorme impacto negativo en costes y tráficos para Canarias tras haber decidido Fomento en la futura Ley de Puertos eliminar las bonificaciones para los tráficos del archipiélago. Anave cifra el impacto de subida hasta el 400 por ciento, mientras que los cargadores auguran consecuencias dramáticas
El dictamen motivado de la Comisión Europea por el que se instaba al Gobierno de Zapatero a modificar la legislación portuaria con la eliminación de las bonificaciones a los tráficos con puertos insulares y con la Unión Europea por considerar las mismas como incompatibles con la legislación europea ha sido trasladado por Puertos del Estado en el borrador de modificación de la Ley de Puertos 48/2003. Con ello, en Canarias han saltado todas las alarmas. Navieros y cargadores hacen piña y observan un impacto negativo hacia el transporte marítimo entre Península y Canarias, así como en los tráficos interinsulares.
La patronal Anave, que preside Juan Riva, ha señalado que las tasas que abonan las navieras para los tráficos desde Península con origen o destino Canarias, así como los interinsulares, subirán con la propuesta de Ley de Puertos de Fomento hasta un 400 por ciento respecto a las tasas actuales en el caso de un buque que no sea ro-ro y no esté en un servicio regular, como ocurre, por ejemplo, con los petroleros.
Por su parte, en el caso de los ferries y ro-pax la subida superaría el 250 por ciento, mientras que en los tráficos regulares el aumento de las tasas superaría el 70 por ciento, excepto en los buques ro-ro, que rondaría el 15 por ciento. Con estos datos, la Asociación de Navieros Españoles asegura que un sólo buque ro-pax que opere regularmente entre un puerto peninsular y dos en Canarias sufriría un aumento superior a los 3,5 millones de euros anuales. En su escrito de alegaciones al proyecto de Ley de Puertos, Anave señala que “se deberían agotar todas las posibilidades de defensa jurídica del actual régimen de bonificaciones”, ya que “la eliminación de las actuales bonificaciones hará que en algunos casos las actuales tasas se multipliquen por cinco (como la T1, T2 y T3 en los tráficos interinsulares), por lo que el impacto en dichos tráficos será indudablemente muy elevado.
De esta forma, Anave señala que Puertos del Estado “debería haber evaluado su impacto previsible sobre los tráficos afectados y diseñado mecanismos compensatorios para los mismos que eviten el grave perjuicio que se les va a ocasionar”. De la misma forma opinan los cargadores canarios, quienes a través del Consejo Canario de Usuarios del Transporte, han señalado que “el impacto para Canarias tendrá consecuencias dramáticas, y más en la difícil coyuntura económica actual, a poco que se tenga en cuenta que en estos momentos las bonificaciones aplicadas solamente por la Autoridad Portuaria de Las Palmas alcanzan los 18 millones de euros al año, importe que tras la desaparición de las tasas deberán asumir los buques, las mercancías y el pasaje de nuestro puerto”, matizando que “los puertos canarios necesitan seguir manteniendo un tratamiento singular que no puede estar reñido con la legislación comunitaria”.
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