Fomento se muestra receptivo a la incorporación del carácter ultraperiférico del Archipiélago en la futura nueva Ley de Puertos.
Canarias sigue negociando con Madrid el mantenimiento de las bonificaciones sobre las tasas portuarias de que disfrutan los tráficos interinsulares y las líneas entre Península y el archipiélago, en contra de las que se ha posicionado Bruselas y que desaparecen del anteproyecto de modificación de la Ley de Puertos que se encuentra en el Congreso de los Diputados
El consejero de Obras Públicas y Transportes de Canarias, Juan Ramón Hernández, ha arrancado de la Secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, un compromiso para incorporar el carácter ultraperiférico de las dársenas del Archipiélago en la nueva Ley de Puertos. En una reunión mantenida a finales de julio, Concepción Gutiérrez dejó claro que es totalmente receptiva a considerar la ultraperificidad como un elemento a tener en cuenta en la modificación de la Ley de Puertos que se tramita en el Parlamento. Como se recordará, el Anteproyecto de la Ley de Puertos enviado al Congreso de los Diputados elimina las actuales bonificaciones de que disfrutan los tráficos marítimos con las islas. En algunos casos, estas bonificaciones sobre las tasas portuarias llegan hasta el 80 por ciento.
Las empresas y el Gobierno de Canarias vienen advirtiendo que la eliminación de estas bonificaciones supondría un torpedo en la línea de flotación de la competitividad de la Archipiélago, donde la distribución de la mercancía, por ser un mercado fragmentado, cuesta un 300 por ciento más que en la Península. La propia Asociación de Navieros Españoles (Anave), donde están todos los armadores que trabajan con las islas, ha advertido que la eliminación de las bonificaciones provocaría una subida de las tasas portuarias de hasta un 400 por ciento en los tráficos interinsulares y del 70 por ciento en las rutas entre las islas y la Península.
En este sentido, el consejero de Transportes aprovechó el encuentro con la Secretaria de Estado para darle a conocer un estudio donde se cuantifica el impacto negativo que la eliminación de estas bonificaciones tendría sobre la economía canaria y sobre la competitividad de los puertos de La Luz y de Santa Cruz de Tenerife. Además, el consejero expresó también la intención del Gobierno insular de sentarse con los Abogados del Estado para personarse ante el Tribunal de Luxemburgo con el objeto de defender las bonificaciones en Canarias al ser una “región ultraperiférica”, que disfrutan de un estatus especial en la UE. De momento, Bruselas se muestra contraria a estas bonificaciones.