El Tribunal Superior amenaza con imponer multas a los responsables de la dársena si no ejecutan el derribo de la ampliación, sin perjuicio de exigir “responsabilidad penal”.
El puerto de Marín, que preside José Benito Suárez, ha recibido un nuevo varapalo judicial por ‘el caso de los rellenos ilegales”. El Tribunal Superior amenaza con multas a los responsables de la dársena si no empiezan a ejecutar el derribo de la ampliación declarada “ilegal”, que afecta a 30 hectáreas, sin perjuicio de exigir “responsabilidad penal”.
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