La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado dos expedientes sancionadores por posibles conductas anticompetitivas llevadas a cabo en el sector del transporte terrestre de contenedores por carretera de los puertos de Barcelona y Valencia, consistentes en la fijación de precios y de condiciones comerciales o de servicio, en el reparto de mercado así como en la limitación o el control de la producción.
Esta actuación de la CNC pone en solfa la conducta y el comportamiento de diez asociaciones sectoriales, las autoridades portuarias de ambos enclaves y alcanzan hasta a la Consejería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana por haber pactado junto con todas las asociaciones sectoriales la aplicación de una cláusula de combustible a partir de abril de 2011. Mientras que la actuación de la CNC en Barcelona se inicia por la denuncia presentada por un operador ante el puerto quejándose de falta de libertad de mercado, el expediente que afecta a transportistas, transitarios y consignatarios en Valencia parte de los acuerdos de mayo de 2010 que sirvieron para desbloquear un paro del transporte de seís días.
Competencia estrecha el cerco a cualquier nuevo intento de configurar cárteles de transportistas en los puertos españoles, mientras termina por concretar el expediente sancionador abierto en el puerto de Bilbao en diciembre de 2009 por prácticas anticompetitivas. Mientras tanto, la vida sigue igual. Amenazas, tarifas, exceso de oferta, acuerdos y dumping son el día a día de un sector que necesita una fuerte reconversión empresarial y cultural. Quizás la ofensiva de Competencia les haga madurar.
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