La concursada recurre la decisión, que supondría su “sentencia de muerte”, y pide a la dársena “ajustar las tasas al tráfico actual” para garantizar la viabilidad de la compañía.
Oligsa, que realiza tareas de almacenamiento vinculadas a la terminal de graneles Ebhi, propiedad del puerto de Gijón, tilda de “kafkiana” la rescisión de su concesión anunciada por la dársena. La concursada recurre la decisión, que supondría su “sentencia de muerte”, y pide “ajustar las tasas al tráfico actual” para garantizar su viabilidad.
“Nos están pisando la manguera”. Así de contundente se mostró Manuel Robledo, presidente de Oligsa, en concurso voluntario de acreedores con una deuda superior a los 10 millones, que ha recurrido la decisión de la Autoridad Portuaria de Gijón de retirarle la concesión, cuando aún faltan 20 años para que finalice, lo que supondría su “sentencia de muerte”.
Las críticas se dirigen contra la terminal de graneles Ebhi, propiedad de la dársena, que acaba de anunciar su inminente privatización. La sociedad, que también se encuentra en una situación delicada tras perder más de 6 millones de toneladas en los últimos años, “está tratando de aprovechar al máximo sus recursos, cortándonos la entrada de carbones a nuestro parque de almacenamiento”, criticó Robledo. Hay que recordar que Oligsa se constituyó en 2002 ante la saturación de la terminal granelera de la semipública y sus labores están vinculadas a la actividad de Ebhi.
El operador, que tachó de “kafkiana” la situación, reclama a la entidad portuaria “ajustar las tasas al tráfico actual”, que apenas llega al millón de toneladas -muy lejos de los 2,5 millones de toneladas anuales, el mínimo fijado en la concesión-, para garantizar su viabilidad. En el momento del concurso del parque de carbones, la dársena esperaba alcanzar en el año 2020 los 10,5 millones de toneladas de carbón térmico, que ha sido uno de los más afectados por la crisis, con una caída del 38 por ciento.
“No podemos seguir pagando tasas por una ocupación de 160.000 metros cuadrados, cuando no utilizamos ni la décima parte, en el mejor de los casos”, apuntó Robledo. No obstante, el organismo portuario, que preside Emilio Menéndez, no es partidario de esta opción, por lo que esta polémica acabó finalmente en los juzgados. El operador pide que, en el supuesto de que no se atiendan sus reivindicaciones, se lleve a cabo el rescate de su concesión pero con una indemnización a los socios de 18 millones por la inversión efectuada.
El presidente de Oligsa, de hecho, insistió en que desde el inicio de la concesión “no se repartieron dividendos y cuando hubo beneficios se destinaron a reservas y amortizaciones”. Por último, Robledo subrayó que seguía sin entender la postura del puerto y advirtió que la rescisión de la concesión de Oligsa también metería a Ebhi en un “callejón sin salida”, ya que tiene el 26 por ciento del capital de la concursada y algunos de sus créditos bancarios están avalados por los socios de la terminal de graneles.
El presidente de Oligsa recordó, en este sentido, que ya se había llegado a un acuerdo de fusión por absorción por parte de la semipública con el anterior presidente del puerto de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, que quedó pendiente ante la proximidad de las elecciones autonómicas. Con el cambio de responsables al frente del enclave, el acuerdo quedó bloqueado.
Oligsa, que hasta finales de diciembre estaba al corriente de sus pagos, salvo lo que debía al puerto, solicitó entonces la posibilidad de pagar la deuda a largo plazo. La respuesta fue negativa y abocó al operador al concurso de acreedores. La compañía está participada por Suardiaz (26 por ciento), Alvargonzález (22 por ciento), Globalia Infraestructuras (20 por ciento), Duro Felguera (6 por ciento) y la terminal de graneles Ebhi (26 por ciento).
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