Debe presentar un marco general tarifario para cumplir con las directivas europeas.
El Comité de Regulación Ferroviaria se acaba de unir a las demandas de los operadores ferroviarios que han opuesto a la propuesta de tarifas provisionales para los servicios de ADIF en 2013. Fomento tiene la ‘patata caliente’ encima de lamesa para abordar un marco general tarifario acorde con las normas comunitarias
El Comité de Regulación Ferroviaria ha informado desfavorablemente a la propuesta presentada por ADIF de tarifas provisionales por la prestación de servicios adicionales y complementarios para 2013, uniéndose así a la demanda de varios operadores ferroviarios que se habían opuesto la propuesta presentada por el organismo que preside Enrique Verdeguer. Las empresas Acciona Rail Services, Comsa Rail Transport, Continental Rail, Renfe Operadora y Tracción Rail habían presentado alegaciones y objeciones contrarias a la puesta en marcha de estas tarifas provisionales para la prestación de servicios en 2013.
El Comité de Regulación Ferroviaria ha recomendado al Ministerio de Fomento la no aprobación de la citada propuesta, que no tiene un fundamento jurídico claro que la ampare y se encuentra en una situación al margen de la normativa vigente. El Comité advierte que el ADIF puede y debe presentar la propuesta de aprobación de un marco general tarifario pero no una nueva propuesta de unas tarifas provisionales, nuevas o actualizadas, para las que no tiene competencia en estos momentos. Asimismo, este organismo afirma que el Ministerio de Fomento no puede ni debe en estos momentos aprobar nada que no sea el marco general tarifario, añadiendo que la precariedad de la competencia de Fomento para dictar cánones y tarifas, debido al incumplimiento de lo dispuesto en la Directivas europeas, aconseja no ejercerla en estos momentos, cuando está próximo un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Comité considera que la documentación del expediente presentado por ADIF adolece de una falta de justificación comprensible de la propuesta, una metodología de cálculo de las tarifas transparente, conocida y por lo tanto revisable por las partes afectada y por el propio regulador, y constata que el expediente de la propuesta carece de una mínima evaluación de impacto de la medida en los clientes de ADIF y en el mercado de transporte de mercancías por ferrocarril. El único argumento reflejado apunta a una caída de los ingresos, un incremento de productividad insuficiente y una evolución de indicadores no justificados con los costes.
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