Pastor ha decidido abrir su propia ‘Caja de Pandora” con la creación del Fondo de Accesibilidad para financiar la mejora de las conexiones terrestres de los puertos españoles. La propuesta pasa porque cada puerto aporte al fondo el 50 por ciento de sus beneficios anuales, ahí es nada.
Pero aún hay más, porque luego Fomento decidiría arbitrariamente qué cantidades se destinarían a qué accesos portuarios. El proyecto es un despropósito, por lo que no extraña que casi todas las Autoridades Portuarias hayan puesto el grito en el cielo, rechazándolo con un sólido argumentario.
A simple vista, y sin obviar que los 240 millones anuales que ganan los puertos son un caramelo para Montoro, que no está dispuesto a autorizar más endeudamiento a Fomento, la propuesta se salta a la torera la autonomía de gestión portuaria recogida en la propia ley que regula el sector y compromete seriamente los compromisos de pago asumidos por los puertos para hacer frente a sus deudas con los bancos.
Es más, el fondo podría rozar hasta la ilegalidad. ¿En qué mente privilegiada cabe que con el dinero de los puertos más eficientes se van a financiar obras en otras dársenas que son competencia directa de los primeros y cuya gestión, en algunos casos, además de deficitaria, es temeraria por imprudente y absurda hasta más no poder?
Una cosa es lo que hizo el puerto de Barcelona y otra muy distinta es el disparate que la ministra se ha sacado de la chistera. Barcelona, harto de que los diferentes Gobiernos de Madrid le bailasen el agua durante años con el cuento de que sus accesos iban a estar “ya, pero ya, mañana mismo”, asumió por su cuenta y riesgo pagar de su bolsillo el 50 por ciento de la conexión ferroviaria que es de vital importancia para su negocio, una actuación, por cierto, que es competencia de Fomento.
Esta es la opción lógica, la que defienden todos los puertos. La de la ministra no se entiende ni siquiera cómo ha llegado a ser pensada y, menos, planteada.
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