La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) reclama que se destine una parte de la inversión del plan de rearme europeo, que ascenderá a 800.000 millones de euros.
La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) reclama que se utilicen fondos europeos para la conservación y el mantenimiento de las carreteras. En concreto, ACEX demanda que se destine una parte de la inversión prevista en el marco del plan de rearme europeo, que asciende en total a 800.000 millones de euros.
El plan de rearme europeo tiene como objetivo reforzar la autonomía de la Unión Europea en materia de defensa, “lo que implica una serie de necesidades logísticas que no pueden abordarse sin una red viaria en condiciones óptimas”, afirman desde la patronal de empresas de conservación de infraestructuras, que defiende que sea un eje de actuación prioritario.
En ACEX defienden que una red de carreteras bien conservada es un elemento fundamental para la movilidad, la seguridad y la defensa, garantizando que España y la UE estén preparadas para afrontar los retos del futuro con garantías. En este sentido, “las infraestructuras viarias desempeñan un papel crucial para la movilidad de bienes, equipos y personal, tanto en el ámbito civil como en el militar”.
La patronal considera esencial elaborar una estrategia integral que “no solo contemple la construcción de nuevas infraestructuras, sino también la conservación y mantenimiento eficiente de las ya existentes, para garantizar su disponibilidad y operatividad, adaptándolas a las nuevas necesidades que plantea la movilidad militar en Europa”. Desde ACEX recuerdan la necesidad de incrementar la inversión en conservación de carreteras, paliando así el actual déficit, que estiman en 10.000 millones de euros.
Por otro lado, ACEX reclama también la actualización del modelo de contratación pública para mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos de mantenimiento y conservación. Entre los aspectos a tener en cuenta, la patronal cita la inclusión de revisiones de precios en los contratos de conservación, la adecuación de plazos y la garantía de estabilidad financiera para las empresas del sector. De esta forma, se evitaría “el deterioro de las infraestructuras”, a la par que se garantizaría “su plena disponibilidad en cualquier circunstancia”.
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