Los consignatarios expresan su malestar por las obligaciones que asumen en materia de riesgos laborales en los buques y por la pérdida de tráficos en los puertos europeos por la ETS.
El artículo 65 de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación de las empresas consignatarias en España. Esta normativa establece la responsabilidad de los consignatarios en la coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales en espacios portuarios no otorgados en régimen de concesión, algo que no sucede en ningún otro país de la Unión Europea.
Así se puso de manifiesto en el marco de la asamblea general de la Asociación Española de Consignatarios de Buques (Asecob), celebrada esta mañana en el Ateneo de Madrid. “El artículo 65 nos preocupa y con razón”, admitió Julio Carrasco, presidente de la patronal.
Este artículo implica al consignatario “como potencial responsable” en la coordinación de riesgos laborales de los buques cuando se encuentran en situación de atraque, desatraque, fondeo y estancia, recordó Jesús Barbadillo, responsable de la Industria de Transporte y Marítimo del despacho Garrigues. “Que un consignatario tenga responsabilidad en los riesgos laborales de un buque no tiene sentido, porque no los controla”, resaltó Barbadillo durante la mesa redonda sobre ‘Responsabilidad, derechos y obligaciones de los consignatarios de buques y su mercancía’.
Desde el sector se espera que, con la reforma de la Ley de Puertos, se pueda acabar eliminando el artículo en cuestión. “Esperamos que vía enmienda podamos conseguir que se derogue”, avanzó Barbadillo, si bien “lo veo complicado”, lamentó.
La normativa que afecta a los consignatarios fue cuestionada durante la asamblea. En la actualidad, “falta una regulación concreta de las funciones de los consignatarios”, señaló Mercedes Duch, del despacho San Simó & Duch. En la práctica, “la legislación actual no ofrece solución a la sucesión de responsabilidades de los consignatarios”, matizó.
En la asamblea hubo también espacio para el desarrollo del programa de derechos de emisiones (ETS) y las iniciativas de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre políticas medioambientales. Julio Fuentes, subdirector general de Normativa y Cooperación Internacional de la Dirección General de la Marina Mercante, puso el foco en el proceso de descarbonización de la flota mercante y dejó claro que “sería mejor enfocar el asunto desde la óptica de la OMI, más que de la UE”.
Fugas de tráficos
Para Fuentes, es importante el liderazgo de la OMI para conformar una pauta común y evitar fugas de carbono. En este sentido, “la UE sigue de manera estrecha el cumplimiento de escalas”, recalcó Federico Navarro, responsable de ETS de la Dirección General de Marina Mercante. No obstante, “la situación de riesgo en el mar Rojo distorsiona y no permite comparaciones”, matizó. Al mismo tiempo, “se ha producido un incremento de tráfico en escalas en puertos del este del Mediterráneo y en Reino Unido”, admitió.
“Estamos ante un riesgo real de fuga de carbono”, reconoció Fuentes. “En los últimos meses se ha producido una caída del 2 por ciento en el tráfico marítimo en los puertos de la UE, mientras que en los puertos de Reino Unido y del norte de África ha crecido más del 5 por ciento”, alertó. En este contexto, “varios países han planteado ya a la UE que se pare el reloj en esta materia, porque la situación puede ser muy seria en los próximos años”, matizó.
La asamblea fue clausurada por Fernando Riesco, subdirector general de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad; Nerea Rodríguez, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Hacienda; y Benito Núñez, secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Núñez animó a Asecob a la presentación de aquellas medidas que puedan contribuir a la mejora de la competitividad del sector cuando se abra el período de enmiendas a la reforma de la Ley de Puertos y Navegación Marítima.
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