El Gobierno británico, estimando que el sistema de concesiones y tarifas portuarias no reflejaba la realidad económica, puso en marcha un nuevo modelo. Básicamente, a partir de ahora los derechos de concesión serán cobrados directamente a los concesionarios, mientras que antes eran pagados por las autoridades portuarias, que luego los repercutían a los concesionarios en sus tarifas. El primer resultado ha sido la quiebra de la terminal Fortress Warehousing and Distribution, del puerto de Tilbury, incapaz de hacer frente a los 2,4 millones de libras que reclama el puerto.
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