El grupo socialista retirará el recurso de inconstitucionalidad contra la 48/2003 y pacta una tarifa única con bonificaciones.
PSOE y PP negocian alcanzar un consenso en determinados aspectos de la modificación de la Ley de Puertos que se plasmará en un único paquete de enmiendas. El acuerdo asegurará las APIEs en la estiba y se creará una tarifa única con bonificaciones. El PSOE retirará el recurso de insconstitucionalidad presentado contra la 48/2003
Los grupos socialista y popular en el Congreso de los Diputados tenían cerrado “un principio de acuerdo”, al cierre de esta edición, para la modificación del proyecto de Ley de Puertos presentado el pasado 30 de marzo por el Gobierno de Zapatero que, a su vez, vendrá a cambair parcialmente la Ley 48/2003 aprobada por el Gobierno de Aznar. Un “acuerdo inminente”, en palabras del diputado del Partido Popular, Andrés Ayala, que ha venido negociando los cambios del texto en las últimas semanas con sus homónimos socialistas Salvador de la Encina y Rafael Simancas.
De esta forma, y si el clima político no lo impide, el grupo popular no presentará un veto a la totalidad del proyecto de Ley de Puertos. El preacuerdo, “cogido por alfileres” según fuentes solventes, puede dar paso al ansiado ‘pacto de Estado’ que necesita la legislación portuaria española, dotando al sector de una seguridad jurídica de la que carece en los últimos cinco años. La gran novedad del preacuerdo entre PSOE y PP, si fructifica en los próximos días, sería la retirada por parte del grupo socialista del recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del grupo socialista contra diversos artículos y preceptos de la Ley de Puertos. El recurso, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en julio de 2004, argumentaba, entre otras cosas, que “la obligatoriedad en la pertenencia de las estibadoras en las APIEs atentaba contra el principio de libertad de empresa”.
La retirada del expediente “permitirá asegurar la figura de las APIEs en la modificación de la Ley, aparcando el doble modelo de sociedades estatales de estiba y APIEs incluido en el actual proyecto de Ley”, según señalan fuentes solventes. El PSOE cambia así de estrategia y deja de lado el histórico modelo impulsado por Fernando Palao y Mariano Navas. La decisión de cancelar el recurso ha sido considerada en fuentes empresariales como “una prueba del cambio de actitud en la política de Fomento”, matizando que “su retirada ofrece estabilidad, ya que no era entendible sacar un texto de ley con un recurso pendiente”, pese a la oposición que los sindicatos UGT y CC.OO mantienen ante el modelo de APIEs. En clara sintonía con esta variación de posición está la orden tácita emitida por Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Santander para proceder a la transformación de la sociedad estatal en APIE que se realizó el pasado mes de agosto.
El preacuerdo entre PSOE y PP vendría a dejar el modelo de estiba de forma similar al dibujo del escenario de la Ley de Puertos 48/2003, admitiendo la figura de las APIEs, aunque con una salvedad. El PSOE “quiere establecer la posibilidad de que la autoridad portuaria intervenga con capacidad de mando en algunas situaciones para garantizar el interés general”, aparte de que posiblemente el nombre de APIE desaparezca del texto legal. Fuentes próximas al grupo socialista señalan que “el sindicato UGT ha mostrado su desacuerdo con la definición y se busca un nombre próximo al de sociedad de estiba”.
Por su parte, aunque el preacuerdo no tiene, de momento, más profundidad en el modelo de estiba en temas como el porcentaje de personal fijo o la exclusividad del servicio básico, que será debatido en el proceso de enmiendas, PSOE y PP tendrían pactado que se elimine del texto “la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran modificar y ampliar la cuantificación del número de personal fijo”. Por último, la tercera pata del acuerdo tiene que ver con el régimen económico de tasas portuarias donde se ha negociado el establecimiento de una tarifa única con unos márgenes para que las autoridades portuarias puedan realizar bonificaciones, así como el establecimiento de bonificaciones para puertos con elevado tráfico de transbordo internacional, como ya adelantó este periódico en su pasada edición.
El acuerdo entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios sería trasladado, salvado el trámite de la enmienda a la totalidad, a un único paquete global de enmiendas. De esta forma se descarta la votación de enmienda por enmienda y un posible impacto negativo de otros grupos parlamentarios en la votación en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.
La intención del grupo socialista es lograr iniciar los debates en el seno de la comisión de Fomento durante la segunda quincena de octubre para aprobar la modificación antes de finalizar el año. Al acuerdo entre los dos grupos mayoritarios se añadiría Convergencia i Unió que ha desestimado presentar un veto a la totalidad. Todos los grupos políticos disponen desde hace varios meses de un buen conjunto de enmiendas de las diferentes patronales y sindicatos para orientar sus decisiones durante el trámite de enmiendas.
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