También presenta una demanda contra dos ingenieros de la dársena por los daños que se puedan derivar de su actuación como directores de la obra hasta octubre de 2007.
La Autoridad Portuaria de Barcelona se ha personado como acusación particular en el presunto fraude en las obras del dique Este, que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona. Además, el puerto ha presentado una demanda civil contra los dos ingenieros directores de la obra hasta octubre de 2007
La Autoridad Portuaria de Barcelona se ha personado como acusación particular y parte perjudicada en el presunto fraude de 40,7 millones de euros en las obras de ampliación del dique Este, que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, a instancias de la Fiscalía. El papel del puerto, que ahora preside Sixte Cambra, está siendo determinante en la investigación del caso, que se destapó a raíz de una indagación de la Agencia Tributaria sobre un presunto fraude fiscal con facturas falsas, que comunicó a la Fiscalía, que abrió diligencias previas, y a la propia Autoridad Portuaria, como ya informó, en su día, este periódico.
A raíz de la alerta de la Agencia Tributaria, la Autoridad Portuaria hizo una investigación interna. Según la misma, pagó 2,3 millones de toneladas de escollera que no se llegaron a emplear para construir la obra de ampliación. Esta investigación, que remitió al Ministerio Público, fue decisiva para que la Fiscalía convirtiera las diligencias previas en una denuncia ante el juzgado.
Según un informe de la Abogacía del Estado, hecho a instancias de la Autoridad Portuaria, que remitió a la Fiscalía, se podrían haber cometido los delitos de falsificación de documento público, fraude, malversación y estafa. Además, la Autoridad Portuaria ha presentado una demanda por la vía civil -independiente de la penal que investiga el Juzgado de Instrucción Número 5- contra los dos ingenieros de la dársena que ejercieron de directores de la obra hasta octubre de 2007, por “los daños derivados de su conducta”. Xavier Martí ocupó la dirección desde que la obra se inició, en 2003, hasta mayo de 2007, cuando dejó la Autoridad Portuaria.
Al marcharse, asumió la dirección el entonces subdirector general y responsable de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria, Rafael Escutia, que tuvo esa responsabilidad hasta que también dejó la instalación, en octubre de 2007. Precisamente, Xavier Martí fue detenido y puesto en libertad tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción, en otoño. La demanda civil a los dos ingenieros se suma a la que la Autoridad Portuaria presentó en septiembre contra la UTE constructora del dique para recuperar los 40,7 millones de euros de sobrecoste que considera que abonó por la obra.
La ampliación del dique Este fue adjudicada a la UTE formada por FCC Construcción (35 por ciento), Ferrovial Agromán (25 por ciento), Construcciones Rubau (25 por ciento) y Copisa Constructora Pirenaica (15 por ciento). La Autoridad Portuaria presentará una tercera demanda “en breve” contra las empresas que hicieron la asistencia técnica por incumplimiento de contrato.
Sener, Intecasa e Intemac eran las responsables de verificar que la obra ejecutada se correspondía con la realidad. El juzgado sigue con la instrucción del sumario, que fuentes judiciales prevén larga “por las numerosas declaraciones pendientes que hay”. Además del ingeniero, fueron detenidos dos directivos de Coterras, empresa suministradora de escollera a la UTE constructora del dique. Coterras, una empresa fantasma de la que no consta actividad actualmente, cobró presuntamente por aportar un material, escollera, que no se llegó a utilizar. Las obras del dique Este, concluidas a finales de 2008, se adjudicaron por 197,28 millones de euros en 2001.
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