El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado, Francisco González Buendía, aseguró que si fuese necesario aplicar el ‘Plan B’ de financiación del sobrecoste de las obras de ampliación del puerto de Gijón, en el caso de que Europa niegue nuevas ayudas, será Puertos del Estado quien abone la factura, y dejó claro que el pago de los 135 millones de euros que están en juego no saldrá del bolsillo de los españoles ni supondrá retirada de ninguna otra obra.
En el contexto de una interpelación en la Junta General del Principado a los miembros del Gobierno regional que son también consejeros de la dársena, Buendía desmintió al diputado popular José Agustín Cuervas Mons en el sentido de que el sobrecoste no saldrá de los Presupuestos del Estado, por “el principio de autofinanciación de Puertos del Estado”. Dicha afirmación implica que será dentro del sistema portuario donde se resolverá el problema, si la Comisión Europea niega definitivamente más ayudas y para ello tiene un instrumento que ya utiliza, como es el Fondo de Compensación Interportuario, del que “el puerto gijonés es histórico acreedor, es decir, que aportó siempre mucho más de lo que de él recibe”.
En el mismo sentido, este periódico ha podido saber que en el Plan de Empresa negociado este año por los responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón con Puertos del Estado, el organismo regulador del sistema portuario español admitió que figura como subvención la cantidad de 135 millones de euros, sin concretar si la citada ayuda llegará a través de fondos europeos o no. Lo que sí parece descartable, conforme a lo dicho por Buendía, es que la intervención del Ministerio de Fomento, en caso necesario, se produzca a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino que sería a través de su Organismo Público Puertos del Estado, que participó en la decisión de no parar la obra cuando surgieron los problemas.
Por otra parte, el consejero asturiano aseguró que en absoluto renuncia a obtener los 135 millones solicitados como nueva ayuda para financiar el sobrecoste, aunque admitió que las alegaciones presentadas por España a requerimiento de la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea hacen más hincapié en defender lo ya obtenido que en aspirar a más. El primer objetivo, explicó Buendía, es que la Unión Europea admita los «errores de bulto» que los abogados españoles aprecian en la tramitación del expediente que afecta a las obras de ampliación del puerto de Gijón.
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