El pasado 2 de diciembre el negocio marítimoportuario se reunió en el Parlamento para plantear objeciones, recetas y mejoras al proyecto de modificación de la Ley de Puertos. Tras seis años sin querer sentar en la mesa a los actores del negocio, cinco horas bastaron para escenificar que la inmensa mayoría de los agentes económicos y sociales, salvo los casos de UGT y Comisiones Obreras que siguen en un mundo portuario irreal, tienen ideas contrarias al proyecto de Ley.
Un proyecto, el segundo anunciado por el Gobierno de Zapatero dentro de su docena de planes de reformas de la economía española, hoy en el furgón de cola de la economía europea. Seis años perdidos lleva nuestra legislación portuaria. Seis años que se deberían haber utilizado para modernizar sus estructuras. Por eso, cada intervención, cada receta, cada propuesta era un disparo más en la línea de flotación de un proyecto de Ley que ahora PSOE y PP han pactado reformar.
Los diputados Ayala y Simancas tienen faena para rato. Si incluyen cada propuesta, cada bonificación, cada receta, tendrán que reescribir cada artículo del actual proyecto. El futuro texto camina más por el techo liberalizador de 2003 que por otros idearios hoy ya abandonados por el PSOE, aunque UGT y CC.OO mantengan esa ardiente y caduca defensa de lo público en la estiba, mientras Coordinadora observa salvaguardado el interés general en las APIEs.
El proyecto tendrá que mejorar mucho para que sea una ley de todos, una ley sin apellidos. Tiene que ser flexible en lo económico y debe modernizar el sistema laboral de la estiba. Será un grave error cerrar la puerta a la libertad de contratación.
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