El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a aprovechar la tramitación de una ley, publicada en pleno verano, para meter mano a la legislación portuaria.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a aprovechar la tramitación de una ley, en esta ocasión la de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, publicada el 2 de agosto, para meter mano a la legislación portuaria. Y eso que el Consejo de Ministros ya dio luz verde a finales de julio al proyecto de ley para reformar la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Un texto que llevaba desde el año 2021 dando vueltas por diversos despachos ministeriales y de las organizaciones empresariales y sociales del sector portuario y marítimo; y cuyo salto al ruedo político no parece inminente ante el temor del Ejecutivo a un nuevo fracaso parlamentario.
La modificación llevada a cabo afecta al marco concesional. No se trata de una reforma de calado. No altera el esquema tradicional de las prórrogas ordinarias y extraordinarias, ni el plazo máximo, que se mantiene en 50 y 75 años, respectivamente. Pero sí incorpora nuevas reglas para las empresas que pretendan pedir una prórroga o tengan una solicitud en curso.
Entre las principales novedades, el Gobierno amplía el destino de la contribución económica de los concesionarios al desarrollo de infraestructura portuaria básica y a instalaciones energéticas para alcanzar un plazo máximo de 75 años en las concesiones. Es decir, cabe la posibilidad de que el sector privado gane en protagonismo en el desarrollo de obras de abrigo, dragados, obras de atraque y explanadas, o en la construcción de instalaciones para el suministro de combustibles alternativos o de electricidad. Y como contrapartida, se facilita alargar el plazo de las concesiones.
La música suena bien, pero, como suele ocurrir en estos casos, hay que poner la lupa en la letra pequeña. Ya hay voces del sector que advierten que hay aspectos “manifiestamente mejorables”.
De momento, es lo que hay. Toca esperar para corregir las posibles ineficiencias detectadas por el sector a la tramitación, si llega, de la reforma del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que ya incorpora la modificación del artículo 82, realizada en pleno verano, aprovechando la tramitación de otra ley. Nada nuevo. Ya pasó con la estiba.
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