Fernando Palao ha anunciado, a bombo y platillo, que Fomento ha comenzado la elaboración de un primer borrador de Ley de Puertos, partiendo del proyecto presentado en la anterior legislatura, con las modificaciones que se derivan de la propia evolución del sector, que permita iniciar una ronda de conversaciones políticas con el resto de grupos parlamentarios e instituciones implicadas.
Mientras el copia y pega del ordenador de Puertos del Estado, encargado del primer borrador (suele haber una media de tres), reescribe lentamente, la batalla parlamentaria que se augura con nacionalistas y populares no será tarea fácil. Fomento sigue en la confusión y mantiene su tesis de la modificación técnica, algo no compartido por las patronales del sector, Anesco y Anave y por Coordinadora, que observan como, de nuevo, los políticos pondrán al sector fuera de juego, sin acercarse a la realidad del muelle y con la obsesión de asegurarse el poder en los servicios, como es el caso de una previsible intervención pública en las legales APIEs constituidas.
En ese escenario, causa ilusión la batería de preguntas parlamentarias que ha puesto en marcha hace escasos días el Partido Popular, fruto, entre otras cosas, del impacto del informe realizado por la patronal Anfac.
La oposición pregunta, con razón, por las actuaciones y medidas que se han tomado a cabo en los puertos en los que se realiza transporte de vehículos para que los costes de las tasas portuarias sean competitivos, para conseguir una cierta flexibilidad en los horarios y jornadas de la estiba a precios razonables y para superar la falta generalizada de infraestructuras. Asimismo, el PP pregunta por la deuda de las autoridades portuarias y de Puertos del Estado y por la necesidad de mejorar el funcionamiento en los puertos.
Y queda la pregunta: ¿Irá la nueva Ley de Puertos a arreglar estas cosas que inquietan o volveremos a ver como se instaura un modelo alejado de la liberalización de los servicios?
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