Las obras marítimas son muy complejas. Nadie lo pone en duda. Lo que no es normal, pese a que parece que se ha convertido en práctica habitual, es que acaben costando el doble de lo presupuestado y, menos aún, que los nuevos muelles se hundan. ¿Qué pasa con las constructoras? ¿Y con los responsables políticos y técnicos de los puertos encargados de su adjudicación y seguimiento? El incidente más reciente ha tenido lugar en el puerto de Vilagarcía.
La terminal de contenedores, que había iniciado la cuenta atrás para recibir a Boluda, se hunde tres años después de su inauguración. Una obra adjudicada a las constructoras Drace, Copasa y Dragados por un importe de 20,9 millones, casi 3 millones menos que el presupuesto base de licitación, que ahora costará otros cinco millones reparar. No es el único caso. El más sonado ocurrió hace cuatro años en Barcelona, con el hundimiento parcial del muelle Prat, que causó unos perjuicios económicos de más de 216 millones.
Además, hay que añadir el presunto fraude de 40,7 millones en las obras de ampliación de uno de sus diques, adjudicadas a FCC Construcción, Agromán, Construcciones Rubau y Copisa Constructora Pirenaica. En ambos casos, el puerto catalán ha tomado cartas en el asunto. En el primero, con una demanda contra las constructoras, entre ellas Ferrovial y Cyes, y en el segundo, se ha personado como acusación particular.
Este es el camino a seguir. Hay que exigir responsabilidades a las constructoras, y también a los políticos. Lo que es inaceptable, y menos con la que está cayendo, es seguir saqueando las arcas del Estado y tirando el dinero al mar.
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