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Querella entre empresas del puerto de Tarragona por la equivocada T-3

Ex propietarios de TPS piden a los nuevos la gestión de la devolución de la anulada tarifa.

La errada tarifa a la mercancía, la conocida como T-3, es el origen de una querella, aceptada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona, que los propietarios de la extinta Mafusa Consignaciones y Tránsitos, la familia Oriol, han presentado contra los miembros de los consejos de administración de Euroports TPS Port Spain y Euroports Ibérica TPS por un presunto delito de apropiación indebida de hasta 13 millones de euros, cifra que el puerto de Tarragona abonó, en mayo de 2011, a esta última por el cobro indebido de la T-3.

La consignataria Mafusa fue una de las numerosas empresas que recurrieron a principios de los 90 el pago de las T-3, unas reclamaciones que presentó en algunas ocasiones de motu proprio y en otras a instancia de sus clientes (los cargadores). Posteriormente al inicio de estos litigios, Mafusa se fusionó con otras sociedades para crear TPS Tarragona Port Services, actualmente una de las principales estibadoras del puerto catalán.

Según la querella, se acordó que los antiguos propietarios de Mafusa seguirían como responsables de las reclamaciones, asumiendo los costes del proceso o, en caso de éxito, liquidando con los clientes las devoluciones. El mismo acuerdo se mantuvo cuando TPS pasó a ser propiedad, en 2006, de un fondo de inversión australiano, convirtiéndose en BBIPAL TPS Port Spain (actual Euroports TPS Port Spain).

Cuando el puerto de Tarragona hizo efectivas las devoluciones de la T-3 a TPS, se ignoraron los acuerdos pactados con los antiguos propietarios de Mafusa, según la querella. Los demandantes son la familia Oriol y una mercantil controlada por ella, Fertilizantes Tarragona, empresa que tiene la cesión de un cliente que renunció, en su día, a participar en los costes y potenciales beneficios del proceso judicial, así como Productos Químicos Agro-Industriales, como parte afectada a quien TPS debería haber hecho la devolución y no lo ha hecho, según la querella.

Los demandados son seis miembros de los consejos de administración, uno de ellos cesado recientemente, de Euroports TPS Port Spain y Euroports Ibérica TPS, la segunda controlada por la primera. “No nos hemos apropiado de nada indebidamente. La T-3 no es nuestra ni de ellos. Lo único que hemos hecho es devolver a sus legítimos dueños lo que es suyo”, según TPS.

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