Las reflexiones que se debe estar haciendo el presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, sobre el modelo de estiba deberían dirigirse hacia la optimización de la Ley de Puertos, no a su abolición.
El modelo actual debería llevar cinco años de funcionamiento efectivo si no fuera por la obsesión que tuvo contra él su predecesor. Y aunque va camino de dos, la oportunidad política permite que se puedan hacer algunos retoques necesarios para que España afronte el modelo de la liberalización.
Las principales autoridades portuarias abogan por la desregulación de los servicios y por un modelo de corresponsabilidad en la estiba que permita aumentar la productividad de nuestras dársenas, sobre todo en un momento como el actual donde el sector sufre un grave descenso de su actividad.
Hoy hasta los trabajadores portuarios de las principales dársenas han trabajado para ser parte de la solución a un problema heredado desde 1986. El sector debe afrontar su desregulación y Fomento impulsarla, pero es urgente instaurar un modelo formativo y clarificar quién puede y debe manejar una grúa en España.
Tras eso, las estibadoras deben trabajar en libertad, sin esa doctrina caducada de fijos que casi nadie cumple, y transformando la obligatoriedad de estar en una APIE por la libertad de elección. Que cada empresa decida cuál es su modelo de costes y que el contrato de concesión sea la garantía ante la Administración del servicio.
Mantener el estatus público en la estiba y tipificar los recursos humanos sólo supuso aumentar los costes. Tenemos otra oportunidad para flexibilizar la estructura laboral, abaratar costes y reducir la siniestralidad.
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