Se aviva la pelea entre el puerto de Gijón y constructoras por el precio de la ampliación

La Autoridad Portuaria cifra el coste final de las obras en 623,6 millones y la contratista reclama la cantidad firmada del proyecto modificado, que eleva la cifra en 92 millones.

El desencuentro que mantienen la Autoridad Portuaria de Gijón, que preside Fernando Menéndez Rexach, y las constructoras por el precio de la ampliación gana en intensidad. El puerto cifra el coste final en 623,6 millones, mientras la contratista reclama la cantidad firmada del proyecto modificado, que supone 92 millones más

La propuesta de liquidación provisional de la ampliación del puerto de Gijón aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha avivado el ‘rifi-rafe’ que mantiene la dársena con la UTE Dique Torres (FPS, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas), adjudicataria de las obras, por el precio final de los nuevos muelles. El organismo portuario, que preside Fernando Menéndez Rexach, ofrece 623,6 millones, lo que supone reducir el sobrecoste de la ampliación en 92 millones, mientras la contratista reclama la cantidad firmada del proyecto modificado, que ascendía a 715,6 millones.

El desencuentro no es nuevo. En septiembre del pasado año, a falta de menos de dos meses para la finalización de las obras, las constructoras paralizaron los trabajos por discrepancias sobre el precio final de la ampliación, que en su opinión se acercaba a los 800 millones. El enclave amenazó, entonces, con rescindir el contrato y recordó que el sobrecoste no superaría “en ningún caso” los 715,6 millones. El conflicto no se llegó a cerrar, pero la UTE reanudó de manera inmediata todos los tajos pendientes en los que los trabajos permanecían paralizados.

Sólo nueve meses después, la mecha se ha vuelto a encender, al parecer, porque los responsables del organismo portuario calcularon en su día el importe del sobrecoste con holgura, a fin de evitar que pudiera llegar a producirse una nueva subida antes de concluir la nueva infraestructura portuaria. Al cierre de esta edición, seguían sin fructificar las negociaciones entre la Autoridad Portuaria y las constructoras, que han anunciado el inicio de acciones legales para exigir el cumplimiento de lo firmado. La propuesta de liquidación provisional aprobada por el consejo supone una disminución de 92 millones con relación al presupuesto del proyecto modificado.

Por tanto, en relación al inicial de 500 millones, el cierre final de la obra ha supuesto un incremento del 24,7 por ciento frente al 43 por ciento del sobrecoste estimado en un primer momento. La Autoridad Portuaria señala a través de un comunicado que esta rebaja se ha debido fundamentalmente a un “ahorro en los costes de material pétreo y a la reducción de unidades de obra por la introducción de mejoras técnicas”. La propuesta de liquidación cuenta, además, con el soporte de los informes técnicos y jurídicos de los organismos e instancias competentes.

El presunto fraude de Barcelona como telón de fondo

El anuncio de la rebaja del sobrecoste de las obras de ampliación del puerto de Gijón coincide en medio de la brecha abierta entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña por la financiación del puerto exterior y con el fraude de 40,7 millones en la ampliación de uno de los diques del puerto de Barcelona como telón de fondo. En el primero de los casos, el organismo que preside Fernando González Laxe exige a la dársena gallega que evalúe el coste final de la obras y los retrasos y amenaza con encargar una auditoría en caso de no recibir información detallada.

En el caso de Barcelona, la propia Autoridad Portuaria se ha presentado como acusación particular tras detectar que pagó 2,3 millones de toneladas de escollera que no se llegaron a emplear para construir la obra de ampliación. La cuestión no es baladí. Es evidente la complejidad de las obras realizadas en mar abierto, pero no es de recibo que acaben costando el doble de lo presupuestado.

Así las cosas, cualquier rebaja, siempre que esté justificada, bienvenida sea, y más con la que está cayendo, que no están las cosas para grandes dispendios. Ya es hora de exigir responsabilidades a las constructoras, pero también a los políticos.