Seguí desaparece como estibador

Las terminales de Contenemar en Barcelona, Valencia y Tenerife siguen huérfanas y a la espera de nuevos concesionarios dos años después de la quiebra del histórico grupo.

Las terminales de Contenemar en Barcelona, Valencia y Santa Cruz de Tenerife, que gestionaban medio millón de TEUs con origen y destino Canarias, siguen abandonadas dos años después de que el grupo naviero presidido por Andrés Seguí entrara en concurso. En Baleares, los espacios de la filial Iscomar también están sin actividad. Sólo los puertos de Alicante, Vilagarcía y La Luz han logrado reconducir de la ruina a la actividad las terminales que tenía el grupo, rescatando los espacios y otorgando la concesión a otros operadores.

En Barcelona, Valencia y Santa Cruz de Tenerife la miseria se palpa en el muelle, aunque la ausencia de Contenemar “no ha producido excesivos problemas” ya que otras terminales asumieron la actividad que daba a otras navieras. Las antiguas concesiones de Contenemar muestran hoy el lado oscuro del negocio, jamás visto en la última década de esplendor portuario. Mafis corroidos, plataformas destartaladas, centenares de contenedores descoloridos, decenas de jaulas y tractoras, grúas sólo movidas por el viento, paradas durante setecientos días al sol, esperando una decisión judicial que diga qué hacer con toneladas y toneladas de equipos. 

BARCELONA.El puerto de Barcelona está a la espera de recibir una autorización judicial para proceder a vaciar de equipos la concesión que detentaba Estibadora de Ponent en el Muelle Adosado, según han confirmado a TRANSPORTE XXI fuentes de la Autoridad Portuaria. El objetivo es volver a colocar las 7,5 hectáreas de terreno en el mercado, donde la estibadora de Seguí llegó a mover 294.000 TEUs en 2008. Contenemar compró esta concesión en 2007 por 5,8 millones de euros más 928.000 euros de IVA a la UTE formada por Unio Terminals Estibadors Llevant y Transportes Marítimos Alcudia, que ganó el título en concurso en 2003.

Estibadora de Ponent gravó su concesión con tres hipotecas. La primera se hizo en 2007 para garantizar el contrato de financiación sindicada y adquirir el título concesional por un importe máximo de nueve millones a favor de los bancos Santander, Popular, Pastor, Deutsche Bank, Fortis y Caixa Geral. La segunda y la tercera hipotecas se suscribieron en mayo de 2009 a favor de la Autoridad Portuaria de Barcelona para garantizar deudas de tasas por 710.092 y 1.377.265 euros, que la estibadora y otra empresa del grupo reconocían adeudar.

El 30 de julio de 2009, el puerto de Barcelona inició el procedimiento de caducidad de la concesión, es decir, recuperar la misma, por el impago de tasas durante un plazo superior a un año, y acuerdó la extinción de la licencia de estibadora ante los más de cuatro millones de deudas. De acuerdo al dictamen del Consejo de Estado, el puerto declaró la caducidad de la concesión en junio de 2010 con la pérdida de la garantía de explotación de 550.000 euros. 

VALENCIA. La Autoridad Portuaria de Valencia “viene siguiendo una política de propiciar, por parte de los administradores concursales, el encuentro de un planteamiento viable, que aún no se ha producido”, señaló a este periódico un portavoz del puerto en relación con la quiebra de la filial estibadora Terminales del Turia. La dársena de Valencia está manteniendo una “elevada dosis de sensibilidad” respecto al concurso de acreedores presentado por Terminales del Turia, pese a que la filial de Contenemar abrió en julio de 2009 un expediente de responsabilidad contra la Autoridad Portuaria, solicitando una indemnización económica en base a “un perjuicio por la restricción parcial del uso de la concesión a causa de diversas obras”.

Este recurso fue desestimado por el puerto, pero a la fecha se encuentra recurrido por Terminales del Turia en la vía contenciosoadministrativa. El puerto dejó sin licencia de estibadora a la filial de Contenemar en septiembre de 2009 ante su incumplimiento en la reposición de avales y en los pagos de las tasas. Las navieras Arkas y Boluda Lines han mostrado cierto interés por la concesión que llegó a mover 200.000 TEUs en 2008. El Ayuntamiento de Valencia también ha echado sus ojos sobre la zona que ocupaba Contenemar, con el objetivo de que la misma, dada su proximidad con la marina de la dársena interior, se pueda retornar o compatibilizar para uso ciudadano. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. Puertos de Tenerife está a la espera de que La Candelaria Terminal de Contenedores cumpla los procedimientos judiciales y desaloje el espacio de la concesión, cuyo expediente de caducidad fue aprobado por el Consejo de Estado en mayo de 2010, si bien el título concesional caducaba en julio de ese mismo año.

La concesión fue otorgada en 1995 para la instalación de una terminal privada de contenedores, limitando su actividad a la manipulación de los buques de Contenemar y pudiendo prestar servicio a otros armadores en un porcentaje no superior al 20 por ciento del total. La Autoridad Portuaria quiere que la zona portuaria se reconvierta en espacio ciudadano. En noviembre de 2009, el puerto acordó el procedimiento de caducidad de la concesión por impago de cánones y tasas por valor de 815.915 euros. 

ALICANTE. La antigua concesión de Terminal de Contenedores de Alicante (TCA) en el Muelle 11, participada al 50 por ciento por los grupos Contenemar y Herrera, es operada en hoy por la estibadora Terminales Marítimas del Sureste (TMS), de OHL, que ha procedido a achatarrar una de las dos viejas cabrias que tenía la instalación.

En febrero de 2010, el puerto alicantino logró la renuncia de TCA sobre la concesión otorgada en 1995, ante las deudas de más de un millón que gravaban su situación. Luego extendió a Palacio Servicios Portuarios (PSP) una autorización temporal de tres años para explotar el muelle. En noviembre de 2010, esta autorización fuesubrogada por la citada TMS, que ha pasado a gestionar todo el tráfico de contenedores en Alicante.

VILAGARCÍA. El puerto de Vilagarcía ha logrado que Boluda asuma la gestión de la terminal de contenedores de Contenemar, cuyas primeras operaciones se realizaban al cierre de esta edición. La concesión de Tercovi se otorgó en julio de 2007 por un plazo de 30 años con una serie de garantías de explotación, entre las que destacaban las dos grúas portacontenedores que debía tener la instalación, la obligación de constituir un aval igual al valor de las tasas correspondientes a un año, y el compromiso de que la constitución de hipotecas debía ser autorizada previamente por la Autoridad Portuaria.

En septiembre de 2007, la empresa solicitó autorización al puerto para constituir una hipoteca con Caixanova por 2,1 millones para financiar la construcción de la terminal, aunque posteriormente la misma se hizo por 1,1 millones con Banco Popular Español. En octubre de 2009, el puerto de Vilagarcía acordó el inicio del procedimiento de caducidad de la concesión ante la falta de un plan de contingencias para la contaminación accidental, por carecer de plan de emergencias y seguridad, además de seguro de responsabilidad y daños, así como por el descarrilamiento de una de las dos grúas, la falta de la fianza de explotación por importe de 616.294 euros y la novación de la hipoteca. Los incumplimientos de Tercovi fueron ratificados por el Consejo de Estado y la caducidad de la concesión se produjo en junio de 2010.

LA LUZ. En diciembre de 2009, Boluda alcanzó un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Contenemar para rescatar 45.000 metros cuadrados de la concesión de Líneas Marítimas Canarias, la estibadora de Seguí en la dársena, permitiendo al empresario valenciano su expansión hasta los 165.000 metros cuadrados en su estibadora La Luz Terminal de Contenedores y operar así con 300 metros más de atraque.

PALMA DE MALLORCA. En octubre de 2009, la Autoridad Portuaria de Baleares procedió a retirar la licencia a las filiales Estibadora Palmaport, Náutica Pitiusas y Consignataria Náutica Menorquina, que venían operando para Iscomar con autorizaciones en los puertos de Palma, Ibiza y Mahón. Hoy los espacios se encuentran sin actividad.

La Ley de Puertos gana a la Ley Concursal

Las concesiones de Grupo Contenemar tenían un valor demanial de 42 millones de euros, según los informes de los administradores concursales. Las concesiones de Barcelona y Valencia superaban un valor de 15millones de euros, cada una,mientras que el valor del título concesional de Vilagarcía era de 7,5millones de euros.

Y es que una de las razones esgrimidas por los administradores concursales para paralizar los expedientes de caducidad de las concesiones impulsados, de acuerdo a la Ley de Puertos, por varias autoridades portuarias, era jugar con la concesión para intentar lograr recursos con los que atender el listado de acreedores de acuerdo al reglamento hipotecario, llegando a solicitar que las autoridades portuarias implicadas consignaran judicialmente el valor de la concesión demanial a fin de permitir la extinción de las cargas hipotecarias que gravaban los títulos concesionales.

Tanto Contenemar como los administradores concursales alegaban, en los expedientes de caducidad de sus terminales de Barcelona y Vilagarcía, que la declaración de concurso tenía una doble consecuencia sobre el procedimiento de caducidad concesional. Por una parte, determinaba la falta de competencia de la Autoridad Portuaria para resolver el expediente, por extenderse la jurisdicción del juez del concurso a “toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado” ; y, por otra, obligaba a la suspensión del expediente de caducidad, toda vez que declarado el concurso, no podían seguirse apremios administrativos contra el patrimonio del deudor.

Este razonamiento fue rechazado por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid en octubre de 2009. De igual forma, el Consejo de Estado ratificó que “la declaración de caducidad concesional no es un mecanismo dirigido al cobro de deudas dinerarias, sino que tiene por fin la preservación de dominio público”.

Por último, hay que apuntar que el Consejo de Estado llamó la atención en su dictamen sobre la concesión de Contenemar en Barcelona ante “la anomalía que supone la aceptación de la constitución de una hipoteca unilateral sobre una concesión demanial a favor de la Administración portuaria como garantía de aplazamiento y fraccionamiento de pago de la deuda vencida y no satisfecha por la concesionaria en concepto de tasas”.