Vienen tiempos difíciles y los puertos españoles, como termómetro del cambio de modelo que se dibuja en la macroeconomía, se van a ver abocados a otra reforma legislativa. En la próximas semanas, tras la victoria de Zapatero del 9 de marzo y una vez constituidas las cámaras, el anteproyecto de modificación de la Ley de Puertos de 2003 deberá salir de su caverna política. Será el segundo asalto del PSOE.
Parece muy claro que Fomento mantendrá en su integridad su anteproyecto, cuyo modelo es el abc de la doctrina socialista, enfrentado al resto del arco parlamentario. Encontrar un consenso se vaticina, de nuevo, bastante complicado. Sin un pacto de legislatura, y con el Partido Popular defendiendo la liberalización portuaria y las agrupaciones portuarias de interés económico en su programa electoral, el Gobierno de Zapatero deberá buscar un acuerdo para aprobar esta ley con los votos de algún partido nacionalista moderado, que por ello pedirá algo bastante difícil de dar, como un régimen especial para sus puertos.
El PSOE, que mantiene su tesis de la inconstitucionalidad de la Ley de 2003, aún por conocer, apuesta por el modelo público de servicios portuarios, hoy superado con las APIEs. Es aquí donde Anesco se la juega, como patronal de la CEOE. No se debe volver a dejar confundir con las “mayorías reforzadas” en la gestión de las sociedades de estiba. Debe luchar, desde la lealtad a sus ideas, porque no haya un paso atrás en el control de la estiba que vuelva a conferir el poder a Fomento. Los inversores reclaman un marco estable, un marco consensuado, pero también que camine en la modernidad. La pelota está en el aire. ¿Habrá consenso?
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