El Ministerio de Fomento aprobó en octubre de 2012 las titulaciones de formación profesional de grado medio o superior que se exigen a los trabajadores para ejercer la profesión de estibador en España, cumpliendo lo estipulado en la Ley de Puertos.
La Justicia ha ratificado esta Orden Ministerial señalando que la misma no vulnera, ni restringe, ni limita, ni conculca el derecho a la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. La decisión de la Audiencia Nacional paraliza la posibilidad de que un estibador con una titulación obtenida en otro país pueda trabajar en España.
No se puede ser estibador si no tiene una de las titulaciones que exige Fomento o si éstas no están homologadas. La decisión judicial se enmarca dentro del complicado escenario que vive el negocio de estiba.
El modelo está esperando la sentencia del Tribunal de Luxemburgo después de que la Comisión denunciara a España por las normas en la contratación de trabajadores. Las sociedades de estiba están bajo sospecha.
Todo debe cambiar y mejorar. La estiba necesita modernidad, lejos de los victimismos y la política. Es la hora de arbitrar reglas de juego coherentes y competitivas. La formación es vital. Las estibadoras se gastan decenas de millones de euros para formar al personal.
Una formación que habría que aquilatar de forma profesional, lejos del sindicalismo, al igual que el catálogo de titulaciones se quedó corto el mismo día de su publicación. Deberían ser requisitos mínimos como apuntó el sindicato Coordinadora. Es curioso que en plena automatización de terminales un informático no pueda ser estibador. Hace falta más flexibilidad para ser competitivos. Estamos a tiempo.
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