TRANSPORTE XXI pone a disposición de sus lectores, junto a la presente edición, el borrador del anteproyecto de Ley de Puertos que ha enviado Fomento a los ministerios de Economía y Trabajo. Un documento requerido por todos los agentes económicos y sociales del sector marítimo-portuario y cuya elaboración ha sido llevada con la máxima discrección por Puertos del Estado.
Este periódico, ante las múltiples solicitudes del sector, se adelanta a la promesa de Zapatero del 31 de diciembre, lo pone al servicio del negocio, que deberá digerirlo, evaluarlo y ejercer su crítica al mismo, sabiendo que el documento de Magdalena Álvarez aún tiene que pasar la criba técnica de Solbes y Corbacho.
Hoy el anteproyecto, y su espíritu, ya está al descubierto. Sus novedades son pocas, más en el terreno de las tasas, pero describen a ciencia cierta que la liberalización de la estiba queda para otros tiempos, pese a derogar el famoso decreto 2/86.
No podemos comulgar con un texto que no liberaliza, que no moderniza y que sólo actualiza el decreto derogado obligando a aumentar el personal fijo en las estibadoras, tipificando de nuevo los recursos humanos.
La realidad del muelle dista mucho de la idea del legislador. Los terminalistas no merecen esta propuesta de Ley, pero deberá ser el sector el que diga si ataca su competitividad. El borrador está lleno de “novedades del pasado”, irrealizables en los últimos 22 años.
No es la receta adecuada y no parece una Ley para 30 años. Así las cosas, Fomento maquilla otro parche para seguir tirando, mezclando APIEs con sociedades estatales y esperando al fallo satisfactorio del Constitucional para reiterar un modelo fracasado.