El último paquete de medidas para contrarrestar la crisis económica presentadas por Zapatero contienen tres recetas para el transporte ferroviario, el modelo de gestión aeroportuario y el nuevo anuncio de otra Ley de Puertos.
Tres medidas que tratan de confundir la liberalización con el férreo control que trata de asegurarse el Gobierno sobre el modelo de transportes en España. La segregación de las mercancías en Renfe sería una buena noticia si ésta pasara a ser controlada por un operador privado, que sabría sacar la rentabilidad a una empresa que durante años ha maquillado sus cifras gracias al soporte de los impuestos de todos los españoles.
No es así. La segregación supondrá la segunda que sufre Renfe, tras la puesta en marcha de otra pública, el ADIF, con la creación de un operador cien por ciento público que compita en los tráficos de mercancías con los privados en lo que sigue siendo un monopolio de facto en la práctica totalidad de corredores.
Sólo su venta, su privatización como ya pasó con Iberia o Trasmediterránea, sería un acierto. Lo mismo sucede con Aena. Dice ahora Zapatero que habrá una nueva Aena, con participación de las comunidades autónomas y del sector privado, pero la mayoría de la empresa seguirá controlada por el Estado.
¿Y qué pasará con Clasa? No hay liberalización. Y a más a más, lo que se pretende hacer con el modelo de gestión y de servicios en los puertos es una vuelta de tuerca para asegurar el modelo público de 1992 en el que el privado no era protagonista.
La liberalización del transporte, preconizada meses atrás por la CEOE, no tiene visos de producirse con este Gobierno, más preocupado en no reducir el gasto público que rebajar la inflación. No debería importar tanto la propiedad, sino la gestión, pero cuando el propietario es público y la gestión es deficiente, hay que renovarse. Lo que está claro es que este Gobierno no da signos de evolución para liberalizar un modelo de transportes agotado.
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