Sin nombres, ni apellidos

Juan Díaz Cano. Presidente de la Real Liga Naval Española

Con el cierre en falso de las diligencias penales del ‘caso Odyssey’ estamos abriendo la espita a nuevos piratas

Se han parado ustedes a pensar que los jueces/juezas españoles, salvo raras excepciones mediáticas, carecen de nombres y de apellidos?

Cuando una sentencia afirma que las mujeres son más torpes al volante que los hombres, la noticia salta a los medios obviando el nombre y el apellido de juez (no creo que fuese jueza) que alumbra tal sentencia. Si un violador en serie es excarcelado un fin de semana y este reincide en su delito, la noticia que salta a la prensa suele hacer referencia a que el juez o jueza de vigilancia penitenciaria (sin nombre ni apellido) había concedido el oportuno permiso. Cuando un juez (seguro que no era jueza) absuelve a un ATS de un delito de abusos deshonestos porque “es difícil que la denunciante, de 60 años, despierte esos instintos en el acusado, que, por su profesión, tendrá, sin duda, mejores oportunidades”, la indignación del ciudadano se torna mayor ante el desconocimiento del nombre y el apellido del juez. Podríamos seguir poniendo ejemplos similares suficientemente conocidos por todos.

Todo esto viene a cuento del reciente archivo por prescripción por parte de la Audiencia de Cádiz de las diligencias penales abiertas contra la empresa Odyssey en el año 2007 con motivo del flagrante expolio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Han transcurrido la friolera de más de catorce años y el caso acaba de ser archivado gracias a la desidia de funcionarios de Justicia, funcionarios de Cultura, abogados del Estado, fiscales y jueces. Todos ellos, sin nombres ni apellidos, y, muchos de ellos, espléndidamente pagados. Así se escribe la historia: la victoria tiene mil padres y la derrota es siempre huérfana.

Refresquemos los extremos del caso. Tras el escándalo mediático que supuso para la adormecida ciudadanía española saber que unos piratas modernos habían esquilmado un buque español hundido en el año 1804 a 30 millas del cabo de Santa María (Portugal), el Estado español, por salvar la cara ante la opinión pública, inició acciones legales ante un juzgado de Tampa (Estados Unidos) en reclamación de las monedas robadas de las bodegas del barco, al tiempo que iniciaba acciones penales contra los responsables del expolio en un juzgado de la Línea.

El caso en Estados Unidos, defendido por abogados norteamericanos, se saldó con una sentencia favorable al Estado español por la que gran parte de las monedas esquilmadas fueron devueltas.

El pleito penal abierto en España, defendido por abogados del Estado y fiscales españoles actuando ante jueces españoles, acaba de ser sobreseído por prescripción debido a la indolencia, pereza y abandono de todos ellos. Así lo recoge la propia sentencia del archivo. De nuevo, sin nombres ni apellidos.

La dificultad de conocer los nombres y apellidos de los funcionarios implicados en semejante dislate no impide señalar que desde el año 2007 dieciséis han sido los ministros/as que han ocupado las carteras de Justicia y de Cultura sin que ninguno/a haya movido un dedo en favor de la resolución del ‘caso Odyssey’. Esta inacción solo se explica porque nuestros políticos saben que la noticia pasará prácticamente desapercibida en los medios de comunicación. Ello ocurre porque somos un país que le dio la espalda a la mar hace mucho tiempo.

Que la Justicia española es la asignatura pendiente del modelo social español es algo que salta a la vista sin necesidad de hacer referencia al caso que nos ocupa. Es algo, desgraciadamente, asumido por unos ciudadanos que asistimos atónitos al espectáculo de ver cómo dos partidos libran una dura batalla por diseñar a su medida un Consejo General del Poder Judicial.

Ese mismo Consejo que reconoce que la Administración de Justicia en España tiene pendiente de ejecutar más de un millón y medio de sentencias.

Con el cierre en falso de las diligencias penales del ‘caso Odyssey’ estamos abriendo la espita a nuevos piratas que, sabedores de nuestra laxitud judicial, no dudarán en repetir nuevos expolios.

Lo peor del tema es que, como decía el estribillo de una canción de los años ochenta del siglo pasado, “¿a quién le importa?”…