Competencia califica de “muy graves” las prácticas atribuidas al sindicato y a las tres empresas de transporte, ya sancionados en 2001, que se enfrentan a multas millonarias.
Competencia confirma la participación de Sintrabi, C.B. Bilbao, Bidetrans y Transmeta en el cártel camionero del puerto de Bilbao. La Dirección de Investigación califica de “muy graves” las prácticas del sindicato y las tres empresas de transporte, ya sancionados en 2001, lo que “debería considerarse como agravante de reiteración”
El sindicato de transportistas Sintrabi y las empresas de transporte C.B. Bilbao, Bidetrans y Transmeta se enfrentan a una sanción millonaria de la Comisión Nacional de la Competencia por su participación en el “cártel de transporte terrestre del puerto de Bilbao desde el año 2002 hasta al menos 2006”. El resto de las 22 sociedades implicadas en el expediente abierto hace un año por un “posible reparto de mercado y fijación de precios”, a excepción de Transportes Uribe, cuya participación en el cártel no ha quedado acreditada, también son responsables de las prácticas descritas (ver imagen adjunta).
Sin embargo, las infracciones cometidas han prescrito debido a la falta de pruebas a partir de diciembre de 2005. Y es que, aunque “existen indicios” de que estas conductas habrían continuado hasta la actualidad, los instructores de Competencia no han podido obtener elementos probatorios. Así se recoge en la propuesta de resolución de la Dirección de Investigación de la CNC, a la que ha tenido acceso este periódico, que califica de “muy graves” las prácticas anticompetitivas atribuidas al sindicato y a las tres comercializadoras, que ya fueron sancionados en 2001 por el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, lo que debería considerarse como “agravante de reiteración”.
La multa podría alcanzar los 900.000 euros -según la antigua Ley de Defensa de la Competencia, vigente en el momento de producirse los hechos-, que puede ser incrementada hasta el 10 por ciento de la facturación registrada en el año anterior a la resolución, si el Consejo de la CNC hace suya la instrucción. La Dirección de Investigación subraya, en este sentido, que “el reparto de clientes que acordaron Sintrabi y las comercializadoras es una de las conductas más graves contrarias a la libre competencia”, al tiempo que “todas estas prácticas incidieron directamente sobre la competitividad del puerto de Bilbao”.
SORTEO DE ‘LICENCIAS’
Como ya adelantó este periódico, el detonante de la apertura de este nuevo expediente fue el sorteo de diez licencias, “sin ninguna cobertura legal”, realizado por Sintrabi para poder operar en el puerto de Bilbao en noviembre de 2007, así como una recomendación a sus asociados para aumentar los precios. Durante el período de información reservada, la Audiencia Nacional, que instruyó la causa abierta en 2006 contra dirigentes del sindicato de transportistas y empresarios del puerto de Bilbao, dictó en agosto de 2008 un auto que indicaba que quedaba “acreditado que Sintrabi y otros (…) han participado en prácticas restrictivas de la competencia”, similares a las ya sancionadas en 2001 por el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia.
Tras el análisis de la copiosa documentación obrante en el expediente, que incluye grabaciones telefónicas de los distintos implicados, la Dirección de Investigación de la CNC considera acreditado que “existió un cártel en el sector del transporte terrestre del puerto de Bilbao, organizado en función de la carga -contenedores, general, basculante, cisternas y áridos- a través de las mesas o comisiones de transporte en las que participaba el sindicato Sintrabi junto con distintas empresas de transporte”. “En ellas -añade la propuesta de resolución- se controlaba el mercado del transporte terrestre limitando el número de camiones que podían acceder para cargar y descargar en el puerto mediante las llamadas plazas o números y se repartían los clientes a través de ‘acuerdos’, de tal forma que éstos no podían elegir libremente con qué empresa querían trabajar”.
El informe también revela que “para garantizar que se cumplían estos acuerdos, los miembros de las mesas correspondientes amenazaban y castigaban a quienes los incumplían”. Además, “en las reuniones de las mesas se acordaban los precios a aplicar a los clientes, así como los descuentos, los plazos de pago y otras condiciones comerciales”, concluye el informe.
Al mismo tiempo, la Dirección de Investigación de Competencia subraya “la especial responsabilidad de Sintrabi, que ha sido, claramente, el instigador de las conductas ilícitas y ha adoptado medidas para conseguir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el seno del cártel”. Además, el documento de Competencia señala que “Sintrabi incurrió en una serie de contradicciones en sus respuestas a los requerimientos de información”, lo que, a juicio de la Dirección de Investigación de la CNC, podrían ser consideradas como un “incumplimiento del deber de colaboración” y, por lo tanto, ser tenidas en cuenta como “circunstancia agravante”.
Antecedentes
En 2001, el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia impuso una multa de 1,26 millones a Sintrabi -que no se ha pagado- por prácticas anticompetitivas.
En noviembre de 2007, Sintrabi realizó el sorteo de diez plazas, “sin cobertura legal”, para poder operar en el puerto y recomendó a sus afiliados una subida de precios.
En agosto de 2008, la Audiencia Nacional emitió un auto en el que indica que quedaba “acreditado que Sintrabi y otros (…) han participado en prácticas restrictivas de la competencia”.
El 28 de diciembre de 2009, la CNC abre expediente sancionador contra Sintrabi y 25 empresas de transporte por un posible reparto de mercado y fijación de precios.
El 3 de diciembre de 2010, la Dirección de Investigación de la CNC notifica la propuesta de resolución, que confirma la existencia de un cártel.
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