Incorporar nuevos costes a los operadores postales, que ya pagan religiosamente los impuestos que establece la ley, solo lastra la competitividad de las empresas.
La denominada ‘tasa Amazon’, implantada por el Ayuntamiento de Barcelona, ha abierto un amplio frente judicial, tanto desde el lado empresarial como del público, que trata de frenar este impuesto a la última milla y evitar, además, el posible ‘efecto llamada’ en otras ciudades.
Los recursos contencioso-administrativos presentados por las organizaciones del sector, la CNMC y la Autoridad Catalana de Competencia ponen el foco en dos aspectos clave, que consideran que suponen una vulneración de los derechos de las empresas. Por un lado, el pago por la utilización del dominio público y, por otro, la exención de la tasa para los operadores postales con unos ingresos por debajo de un millón de euros al año.
Sin entrar en disquisiciones jurídicas, es evidente que la puesta en marcha de esta iniciativa, claramente recaudatoria, no es la solución para poner orden en el reparto urbano de mercancías, que se ha disparado al calor del fuerte aumento del ecommerce, que parece no tener techo.
Incorporar nuevos costes a los operadores postales, que ya pagan religiosamente los impuestos que establece la ley, solo lastra la competitividad de las empresas, dispara los precios para los consumidores, en un escenario inflacionista, y provoca, por tanto, una mayor ralentización de la economía. Urgen soluciones imaginativas e innovadoras para facilitar una entrega eficiente y sostenible, no simplistas como aplicar nuevas tasas.
Y eso solo se puede conseguir desde el diálogo entre las administraciones públicas y los operadores, que son los primeros en apostar por utilizar las herramientas a su alcance para avanzar en sostenibilidad.
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