El adelanto electoral ha frustrado el intento de Puertos del Estado de homogeneizar las tasas entre autoridades portuarias próximas con el objetivo de reducir la competencia por determinados tráficos cautivos. Hasta que el nuevo Parlamento apruebe los Presupuestos Generales del Estado, los puertos tendrán que mantener los coeficientes correctores y las bonificaciones de 2011, así como toda su política presupuestaria y de inversiones.
La homogeneización pretendida, fruto de la presión de determinadas autoridades portuarias que no logran mantener sus tráficos por su nula calidad de servicio y por sus precios, era una afrenta al espíritu de la nueva Ley de Puertos, basado en un modelo tarifario posibilista más orientado a las necesidades de caja de los puertos que a las demandas de los clientes de las dársenas. Los costes de escala siguen siendo hoy más altos en España que en otros países europeos. Pese a la mejora de las infraestructuras portuarias, España sigue muy lejos de conseguir tener puertos eficientes y economicamente viables.
Queda mucho por hacer y eso no se arregla con un observatorio sobre los servicios portuarios, que sigue pendiente desde el año 2003. No extraña que desde el propio Puertos del Estado se tache el actual esquema tarifario de “locura” y de “tortura china” la negociación de las bonificaciones y coeficientes. Hoy cada cliente paga una cosa y la unidad de mercado no existe. El sistema debe evolucionar hacia que cada puerto, como empresa, tenga su propia política de tasas, con libertad completa y flexibilidad, con un objetivo propio de rentabilidad y con el único corsé que marque su consejo de administración.
El modelo actual está más cercano a la política de muelle único, con topes y arreglitos, algo que ya está siendo muy criticado por clientes y gestores de puertos. El próximo Gobierno tiene faena, porque el sistema de tasas portuarias es mejorable.
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