La fiscalía mantiene la petición de un total de 50 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y extorsión para la ex junta directiva y dos socios de la asociación.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha dejado visto para sentencia el juicio contra la ex cúpula de Transcont, acusada de asociación ilícita y extorsión. Según la fiscalía, las prácticas mafiosas de los acusados obligaba a las agencias de transporte a contratar a socios de Transcont y a transportistas independientes a asociarse, previo pago de 6.000 euros por número
El tribunal de la sección séptima de la Audiencia Provincial del Barcelona ha dejado visto para sentencia el juicio contra la ex cúpula directiva de Transcont y dos socios de la asociación de autónomos del puerto de Barcelona por los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión. Se trata de la primera vez que se celebra un proceso judicial de estas características, por un problema que vienen soportando durante años, no sólo el puerto de Barcelona, sino también las dársenas de Bilbao y Valencia. Tras cuatro días de vista por la que han pasado más de 100 testigos, la fiscalía mantiene la petición de un total de 50 años de cárcel para los siete acusados y multas por un montante de 64.800 euros.
Además, reclama a los inculpados la devolución de los 402.000 euros que Transcont recibió “de forma ilícita”, obligando a los transportistas que habían pertenecido a la otra asociación de autónomos, Ametraci, a firmar el denominado contrato de colaboración y aportación de donación: 6.000 euros por vehículo a cambio de un número adjudicado por Transcont. El ministerio público considera responsable civil subsidiaria a la propia Transcont. La fiscalía pide ocho años de cárcel -cinco por extorsión y tres por asociación ilícita- para Antonio García, alías El Pistolas, ex presidente de Transcont.
Para el resto de los acusados, Manuel Martorell, ex vicepresidente, Rafael Alcántara, ex secretario, los miembros de la junta directiva, Rafael Molina y José María Bragado, y los socios Luis Valverde y José Luis Pulido, el ministerio público reclama siete años de prisión -cinco por extorsión y dos por asociación ilícita- a cada uno. Del relato de los testimonios, se desprende que “había miedo en el puerto de Barcelona” por la actuación de los acusados, aseguró en su alegato final el fiscal.
“Había prácticas mafiosas en las que todos estaban obligados a contratar (agencias de transporte a miembros de Transcont) y a obedecer (transportistas no pertenecientes a Transcont que se tenían que asociar) por un grupo de presión, la junta directiva de Transcont”. “Transcont limitaba los autónomos que trabajaban ya que cada camión tenía que trabajar con un número”. Antonio García “era el principal organizador de la trama”. El Pistolas, conjuntamente con el entonces vicepresidente, crearon la sociedad BCN S.L., que actuó como intermediaria, facturando y cobrando los servicios prestados por los asociados de Transcont a las empresas de transporte. Esta sociedad sirvió “para controlar a los empresarios y a los autónomos”.
El ministerio público reconoció la dificultad de conseguir pruebas porque “era un grupo mafioso donde rige la ley del silencio”, en referencia a antiguos socios de Ametraci que se pasaron a Transcont y que dijeron desconocer la existencia de intimidaciones o la quema de camiones, “cuando era vox populi”. La Autoridad Portuaria de Barcelona, que ha ejercido la acusación particular, ha cambiado la petición de penas, que inicialmente eran las mismas que la fiscalía: ha añadido la de amenazas para Antonio García, Manuel Martorell, Luis Valverde y José Luis Pulido (tres años más cada uno), a estos dos últimos ha reducido al mínimo la petición por asociación ilícita (un año en lugar de dos) y exculpa a los otros tres miembros de la ex junta directiva.
El letrado de la Autoridad Portuaria calificó de “estado de terror” el que vivían los transportistas “que no se inclinaban a las exigencias de los acusados”. Los inculpados utilizaron la asociación “como organización criminal para crear un monopolio”. Ametraci, la otra acusación particular, amplía los delitos de la fiscalía a daños, coacciones y alteración de la libre competencia contra la ex cúpula de Transcont, excluyendo a los dos socios. La defensa pide la absolución: “no ha quedado acreditada su participación. Los socios de Ametraci aprobaron entrar en Transcont pagando 6.000 euros y los contratos fueron voluntarios”.
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