Empresas de transporte, que podrían enfrentarse a una multa millonaria por “reparto de mercado y fijación de precios”, barajan crear nuevas sociedades y liquidar las actuales.
Transportistas del puerto de Bilbao, que podrían enfrentarse a una multa millonaria por un “reparto de mercado y fijación de precios”, meditan crear nuevas sociedades y extinguir las actuales para intentar eludir una posible sanción de Competencia. Expertos jurídicos advierten, no obstante, que “la nueva Ley de Defensa de Competencia cierra esa posible trampa”.
El nerviosismo y la preocupación empiezan a apoderarse de las empresas de transporte por carreteta vinculadas al ámbito portuario de Bilbao, que podrían tener que hacer frente a una multa millonaria de Competencia por prácticas restrictivas a la libre competencia. Cinco meses después de la apertura de un expediente sancionador contra el sindicato Sintrabi y, al menos, 25 empresas de transporte por un posible “reparto de mercado y fijación de precios”, los transportistas han comenzado a mover ficha para intentar eludir una multa que podría rondar los 20 millones de euros si el organismo que preside Luis Berenguer califica dichas prácticas de “muy graves”.
Fuentes solventes del sector avanzaron a TRANSPORTE XXI que diversos empresarios están estudiando la posibilidad de crear nuevas sociedades y extinguir las actuales “para escapar al pago de una posible sanción”, unas maniobras que podrían haberse iniciado ya en el puerto. De hecho, las mismas fuentes apuntaron que socios de varias empresas relacionadas con la carga general habían alcanzado un acuerdo para poner en marcha un nuevo grupo de transporte, un extremo que no ha podido confirmar este periódico. No obstante, expertos jurídicos advirtieron que “con la nueva Ley de Defensa de la Competencia se ha cerrado esa posible trampa y las asociaciones, como las empresas y cualquier persona jurídica o física que sea sancionada, deben satisfacer las multas”.
El detonante de la apertura de este expediente sancionador fue el sorteo de diez ‘plazas’ de contenedor para poder operar en el puerto de Bilbao realizado por Sintrabi en 2007. Esta especie de ‘licencias’ son necesarias para operar en la dársena, lo que ha dado lugar a un mercado negro de compra-venta de plazas. Posteriormente se sumó a la investigación el sumario de la Audiencia Nacional que instruyó el proceso penal contra Sintrabi y empresarios del puerto tras dictar el juez Eloy Velasco, en agosto de 2008, un auto que recogía que quedaba “acreditado que Sintrabi y otros (…) han participado en prácticas restrictivas de la competencia”.
En caso de que Competencia califique las infracciones como “muy graves”, la multa podría ascender hasta el 10 por ciento de la facturación de las empresas infractoras en el año anterior al de la imposición de la sanción. Según fuentes del sector, actualmente operan en la dársena unos 1.200 camiones con una facturación media de 90.000 euros por vehículo, por lo que la multa podría superar los 10 millones de euros. A esta cifra se sumaría la sanción a Sintrabi, que sería reincidente, al haber sido ya sancionada por el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia en el año 2001 por unas prácticas similares.
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