Cuando se acaba de cumplir el primer año de la constitución de las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIEs) en los principales puertos españoles, cabe preguntarse si el funcionamiento de las mismas ha sido el exigible a la mayoría de edad que venían exigiendo las empresas estibadoras encuadradas en la patronal Anesco. Quizás su principal defecto en sus primeros meses haya sido la incapacidad para gestionar su comunicación con voz propia.
Un año después, con los defectos que tiene todo nuevo modelo, las APIEs han despejado algunas de las dudas que se albergaban en el sector. En sólo un año, las APIEs han pasado de una crisis de confianza, en su travesía del modelo público al privado, a una estructura de integración entre estibadoras que pueden incluso acordar un expediente de regulación de empleo con los sindicatos, sin la presencia de la autoridad portuaria, por la que antes pasaban todas y cada una de las decisiones del censo.
En cuanto a la gestión, hoy no existen problemas o disensiones entre las estibadoras que forman los pools privados, aunque sí existen formas de gestionar los mismos, pero eso es abrir otro debate.
La tensión pública del ayer hoy es colaboración privada entre terminalistas. La Administración se quedó sin el argumento del conflicto entre dominantes y minoritarios en su obsesiva lucha por enterrar las APIEs.
Y es que la Ley de Puertos 48/2003, pese a quien le pese, arrancó el motor para dar el primer paso a la liberalización de la estiba en España. Eso sí, sólo se han privatizado 15 de las 28 sociedades de estiba. Trece sociedades siguen sin acatar la Ley, que guste o no, hay que cumplirla.
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