El 9 de febrero de 2012, en su primera comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, la ministra Pastor etiquetaba a Aena como “el principal operador de aeropuertos a nivel mundial” y le reconocía el valor de “desarrollar una tarea estratégica en la incorporación de nuestro país a la globalización”.
No obstante, el gigante tenía los pies de barro, puesto que la propia ministra situaba su deuda en 15.000 millones de euros del ala. Menos de dos años después, la cartera de Fomento prepara un cambio de rumbo en el gestor aeroportuario, con la entrada del capital privado hasta una máximo del 60 por ciento del accionariado, que se repartiría entre “un núcleo estable de accionistas de referencia” y una oferta pública de venta (OPV).
Así lo refleja el informe realizado por el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), que ha desvelado las intenciones del Ministerio. Se trata del segundo intento de privatización parcial del gestor aeroportuario tras el impulsado por José Blanco, a la postre fallido. Antes de acometer la privatización, Fomento quiere dejar bien atado el respeto por el interés general de la red aeroportuaria y la obligación de unas tasas máximas.
No es cuestión de que el invento se le acabe volviendo en contra. Mientras, en el sector de la carga aérea los planes de privatización del gestor público no han levantado precisamente ampollas, sino todo lo contrario.
El sector, que ha estado perseguido históricamente por un pertinaz abandono por parte de una Aena cuya particular niña de sus ojos han sido siempre los pasajeros, contempla con optimismo un proceso que a priori sólo puede traer buenas noticias. Ojalá que sea así.
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