La Autoridad Portuaria demanda a la UTE constructora del dique liderada por FCC.
El presunto fraude de 40,7 millones de euros en la construcción del dique Este, una de las obras de ampliación del puerto de Barcelona, ha dado un nuevo salto judicial: las diligencias previas abiertas por la Fiscalía se han convertido en denuncia al considerar el Ministerio público que puede haber delito. El caso ha recaído en el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona, que ha abierto una investigación, según señalaron fuentes de la Fiscalía a este periódico. La investigación fiscal arranca a instancias de la Agencia Tributaria que detectó, cotejando liquidaciones de IVA, que la facturación por el suministro de escollera que la UTE (Unión Temporal de Empresas) constructora del dique cobró al puerto no se correspondía con lo que la adjudicataria pagó a sus proveedores de este material, según publicó este periódico en pasadas ediciones.
La Agencia Tributaria también alertó al puerto catalán, que realizó una investigación interna, según la cual, pagó 2,3 millones de toneladas de escollera que no se llegaron a emplear en la obra. Y a raíz de esta investigación, la Autoridad Portuaria pidió un dictamen a la Abogacía del Estado. Ésta consideró, de acuerdo con la información aportada por el puerto, que se podrían haber cometido los delitos de falsificación de documento público, fraude, malversación y estafa. En el informe de la Abogacía sale el nombre de la empresa Coterras, suministradora de escollera para la UTE constructora, como presunta beneficiada.
Coterras presentó su último balance en el Registro Mercantil en 2005. Demanda civil a la UTE La Autoridad Portuaria de Barcelona presentó el 14 de septiembre una demanda civil contra la UTE constructora para recuperar los 40,7 millones de euros de sobrecoste que considera que abonó por la obra. La ampliación del dique Este fue adjudicada en 2001 a la UTE formada por FCC Construcción (35 por ciento), Ferrovial Agromán (25 por ciento), Construcciones Rubau (25 por ciento) y Copisa Constructora Pirenaica (15 por ciento). Además de la UTE constructora, la Autoridad Portuaria anunció en julio que presentaría una demanda contra las empresas que hicieron la asistencia técnica por incumplimiento de contrato y contra los ingenieros en nómina del propio puerto que ejercieron de directores de la obra hasta octubre 2007 por los daños derivados de su conducta.
“La demanda se ha presentado exclusivamente contra la UTE constructora, la intención es hacerlo también contra la asistencia técnica y los jefes de obra”, señalaron fuentes de la Autoridad Portuaria. Sener, Intecasa e Intemac hicieron la asistencia técnica, siendo, por lo tanto, las responsables de verificar que la obra ejecutada se correspondía con la realidad. El director de la obra desde que comenzó, en 2003, y hasta mayo de 2007 fue Xavier Martí. Y desde esa fecha y hasta octubre de 2007, Rafael Escutia, entonces subdirector general y responsable de Infraestructuras. Ambos ingenieros ya no trabajan en el puerto. Al cierre de esta edición, la Autoridad Portuaria no se había pronunciado si se personará como acusación particular en la vía penal que investiga el juzgado. La construcción del dique de abrigo, que acabó a finales de 2008, se adjudicó por 197,28 millones de euros.
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